El Municipio de Quito se encuentra bajo investigación judicial tras las recientes denuncias por un presunto cobro de diezmos a los trabajadores de la institución. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las primeras diligencias para esclarecer el esquema del denominado Caso Vacunas, el cual apunta a una supuesta red de extorsión institucionalizada dentro de las empresas públicas metropolitanas.
De acuerdo con las declaraciones de Pablo Sempértegui, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, y del consejero Juan Esteban Guarderas, los cobros indebidos se realizaban principalmente en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. A los servidores de nivel jerárquico superior y personal administrativo se les exigían aportes mensuales en efectivo que oscilaban entre los USD 80 y USD 120, dependiendo del cargo. Quienes se negaban a pagar eran presuntamente amenazados con la terminación inmediata de sus contratos laborales.
Según la denuncia formalizada ante el Ministerio Público, el dinero era recolectado de forma manual y discreta por altos mandos sin dejar rastros bancarios. El principal señalado por los denunciantes como beneficiario final de estas recaudaciones es el actual alcalde de la capital, Pabel Muñoz.
Consecuencias políticas y reacciones
El escándalo estalla en un momento crítico, poniendo en riesgo la potencial carrera de reelección del alcalde Muñoz de cara a los próximos comicios. Tras conocerse los testimonios de los exfuncionarios afectados, figuras de la oposición, como el candidato a la alcaldía Harold Burbano (ADN), exigieron de forma inmediata que la Fiscalía actúe con celeridad para verificar las evidencias y pidieron al burgomaestre rendir cuentas de manera pública ante la ciudadanía.
Por su parte, el Municipio de Quito ha negado rotundamente la existencia de estas redes de extorsión. La administración local asegura que se trata de ataques con motivaciones políticas para desestabilizar la gestión del cabildo, manifestando su total apertura para entregar la documentación que requieran las autoridades competentes a fin de esclarecer los hechos. Las diligencias de la Fiscalía continuarán durante los próximos días mediante la toma de versiones a los implicados y el peritaje de equipos tecnológicos. (I)