Una profunda crisis de competencia e incertidumbre sacude al sistema judicial de Ecuador. Tras la reciente decisión del Consejo de la Judicatura (CJ) de suprimir la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Cr
La medida, aprobada bajo la administración de la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, justificó la supresión en aras de una supuesta «optimización de recursos» y un «desequilibrio operativo». Sin embargo, la realidad en las salas de audiencia refleja un escenario de caos institucional: más de 480 causas complejas que tramitaba esta dependencia especializada han quedado en la deriva legal.imen Organizado, importantes procesos penales de alto impacto social, como los casos Encuentro, Goleada y La Reina, han quedado paralizados y sin un rumbo claro.
Audiencias suspendidas y jueces que se apartan
La falta de directrices claras y normativas específicas sobre qué juzgados ordinarios deben asumir estos expedientes de delincuencia organizada y lavado de activos provocó la suspensión inmediata de múltiples diligencias.
Caso Goleada: Este proceso —que investiga un presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 16 personas— sufrió un nuevo y drástico estancamiento. El magistrado Sebastián Cornejo se inhibió de seguir conociendo la causa y ordenó enviar el expediente de regreso a sorteo, dejando sin efecto las audiencias que debían reinstalarse. A esto se suma que el Tribunal de Apelación original de este caso ya se encontraba suspendido y enfrenta recomendaciones de destitución definitiva.
Caso La Reina y Caso Encuentro: Ambas tramas de presunta corrupción y crimen organizado han visto diferidas sus audiencias debido a que los magistrados asignados temporalmente han manifestado serias dudas sobre su competencia jurídica para seguir actuando.
Las derivaciones de una polémica reforma administrativa
De acuerdo con la resolución de la Judicatura, las competencias de la unidad extinta serán transferidas a más de 50 jueces de las unidades penales ordinarias de Quito (Iñaquito, La Mariscal y la Corte Provincial de Pichincha).
Un retroceso institucional bajo la lupa
Especialistas jurídicos y exmiembros de la judicatura han calificado la supresión como un grave retroceso institucional que contraviene los tratados internacionales de lucha contra la corrupción.
La principal advertencia radica en que diluir estos casos de alta complejidad en juzgados comunes no solo dilatará los tiempos procesales, arriesgando la caducidad de prisiones preventivas, sino que expone a jueces comunes —desprovistos de sistemas de seguridad rigurosos— a las presiones y represalias de poderosas mafias y estructuras delictivas. Mientras la Judicatura promete emitir resoluciones aclaratorias, los casos judiciales más vigilados del país continúan congelados en los pasillos de los tribunales. (I)