Tras la Consulta Popular que ganó Daniel Noboa en 2024, este proyecto de ley concuerda con lo aprobado en ese referéndum en el que se planteó la extradición de ecuatorianos que cometan un delito. Esta propuesta la trabajó la Comisión de Justicia, que está liderada por Acción Democrática Nacional (ADN).
Al final, en segundo debate, ésta fue aprobada con 139 votos que salieron de todas las bancadas, incluyendo el propio correísmo pese a no estar de acuerdo con la ley.
Desde ADN se celebró la decisión: «Había extradiciones que pese a que la ley decía dos años demoraban tres, cuatro, cinco y hasta seis años. Lo que estamos haciendo es acortar los plazos», dijo Rosa Torres (ADN), presidenta de la Comisión de Justicia. Por otro lado, Keeven Gallardo, también de ADN, dijo que 30 expertos dieron sus aportes para la construcción de esta Ley de Extradición, a la que calificó como una herramienta para combatir al crimen organizado en Ecuador.
El correísmo cuestionó que el proyecto señala que la última palabra sobre la extradición sea la del presidente de la República, pese a lo que diga el análisis jurídico y los informes de la Corte Nacional de Justicia. «El día de mañana cualquier protesta social, cualquier dirigente que sale a las calles a manifestar su inconformidad contra un gobierno puede ser acusado como terrorista, lo que es susceptible de extradición», dijo César Palacios de la RC.
Durante el debate, la bancada de ADN recordó al correísmo que hay políticos vinculados a esa fuerza política como Ronnie Aleaga, que está prófugo de la justicia. «Siguen con un relato que no tiene sentido», cuestionó Paola Cabezas.
La propuesta plantea reestructurar casi en su totalidad la normativa que está vigente y que data de hace 26 años. Esta idea fue planteada en 2025 por el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing.
Desde el oficialismo defiende la modernización de la Ley de Extradición para que vaya acorde a la consulta popular de 2024, en la que más del 60% de votantes aprobaron que procesados por actos delictivos puedan ser enviadas a países que los requieran, incluso si son ecuatorianos.
«Había extradiciones que pese a que la ley decía dos años demoraban tres, cuatro, cinco y hasta seis años. Lo que estamos haciendo es acortar los plazos», expresó la presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, de ADN. (I)