Luego de conocerse el pedido oficial del presidente Daniel Noboa para que se le autorice abandonar el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), éste se empezó a tratar con celeridad este 27 de mayo en la Asamblea Nacional.
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana tiene 20 días para elaborar un informe sobre el pedido enviado por Noboa el pasado 21 de mayo, y que luego será debatido por el pleno. El documento requiere una mayoría absoluta (77 votos) para ser aprobado.
La Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por la asambleísta Lucía Jaramillo de Acción Democrática Nacional (ADN), avocó conocimiento del oficio enviado por Noboa.
Jaramillo hizo un recorrido histórico y dijo que este sistema se constituyó en 2009, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, con participación de Cuba, como parte de un sistema regional de compensación de pagos para hacer frente al dólar.
Lasso denunció el tratado
Del lado de los entonces proponentes, la asambleísta Bertha Vélez, de la Revolución Ciudadana (RC), que es parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, reconoció que el mecanismo de intercambio y compensación SUCRE no funciona desde hace siete años.
Adelantó que el correísmo pedirá un criterio oficial del Banco Central del Ecuador para que explique el impacto que tuvo este sistema en la economía del Ecuador mientras estuvo en vigencia, antes de decidir su abandono.
El proceso de denuncia del tratado inició en el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) y la Corte Constitucional determinó que la salida de ese instrumento necesitaba aprobación legislativa. Sin embargo, Jaramillo dijo que no se habría enviado al Parlamento por falta de votos.
Saab
La asambleísta aseguró que el sistema es «un caso más de corrupción del correísmo y sus aliados», ya que -afirmó- el «método de pago habría sido utilizado por el empresario Alex Saab para lavar dinero a través de la comercialización de materiales de construcción de viviendas a Ecuador».
El colombiano Saab, señalado como supuesto testaferro del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recientemente deportado a Estados Unidos y el Gobierno ecuatoriano ha asegurado que colaborará en las investigaciones.
La asambleísta indicó que el tratado Sucre ya fue investigado en el Parlamento por la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio, excandidato presidencial asesinado a la salida de un mitin días antes de las elecciones extraordinarias de 2023.
«Hubo un informe en el que se determinó que una red delictiva de escala transnacional habría utilizado el sistema Sucre para obtener dólares de la reserva internacional del Ecuador», aseguró Jaramillo.
La presidenta de la comisión legislativa señaló que espera que el informe esté listo «en el menor tiempo posible» para que pueda ser tratado en el pleno de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo es la mayor fuerza. (I)