De acogerse el pedido de Fiscalía, este 30 de abril de 2025, la justicia podría dictar prisión preventiva contra el exconsejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga por los chats y audios encontrados en su teléfono. No obstante, salvo el caso de Luisa González, la mayoría de políticos de la Revolución Ciudadana guarda silencio ante esta situación, incluyendo el expresidente prófugo de la justicia y asilado en Bélgica, Rafael Correa.
Pues, Correa sigue tratando de posesionar la idea de su tesis de «fraude» mediante el uso de una «tinta transferible» que supuestamente usó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios del pasado 13 de abril. Hasta el momento, ningún asambleísto electo por la RC ha decidido decir nada sobre los chatas de Verduga y la mayoría están con correa con la idea del «megafraude».
Una integrante del correísmo que es mencionada y que ha sido la única asambleísta reelecta es Ana María Raffo, del Guayas.
En los audios se escucha a quien sería Yela Duarte decir que Raffo habría contratado a un asesor en la Asamblea, que percibe un sueldo de USD 3.000 al mes y que ella se quedaría con USD 2.000. Raffo colocó una querella contra Yela Duarte por esta situación.
«Estos hechos son falsos y afectan mi honra y buen nombre ya que por ninguna naturaleza he solicitado algún tipo de aporte monetario a mi asesor«, señaló Raffo que interpuso una querella el 28 de abril.
De su lado Mónica Salazar, de la Revolución Ciudadana, confirmó su separtación de esta tienda política por «fuertes desacuerdos». Esta decisión fue cuestionada por gran parte del buró político de la RC, incluyendo a Andrés Aráuz, quien calificó de «desleal» esta decisión.