Este martes 8 de septiembre de 2026, se reinstaló de manera telemática la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado Caso Goleada, un proceso judicial por presunto lavado de activos. La causa involucra de manera central al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, su círculo familiar y un entramado de empresas. No obstante, el arranque de la diligencia se centró exclusivamente en la fuerte arremetida de los abogados defensores, quienes exigieron anular las actuaciones de la Fiscalía tras denunciar graves vicios procesales.
Las defensas técnicas basaron sus pedidos de nulidad principalmente en la extensión ilegal de la instrucción fiscal, asegurando que esta etapa superó con creces los 120 días permitidos por la normativa ecuatoriana. De acuerdo con los juristas, las autoridades judiciales aplicaron una figura jurídica inexistente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) conocida como «tiempo muerto» para justificar la extensión de las fechas de investigación.
Las defensas técnicas basaron sus pedidos de nulidad principalmente en la extensión ilegal de la instrucción fiscal, asegurando que esta etapa superó con creces los 120 días permitidos por la normativa ecuatoriana. De acuerdo con los juristas, las autoridades judiciales aplicaron una figura jurídica inexistente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) conocida como «tiempo muerto» para justificar la extensión de las fechas de investigación.
Diligencias fuera de plazo: Se argumentó que la Fiscalía continuó practicando diligencias de recolección de pruebas una vez que el periodo oficial de instrucción fiscal ya había precluido formalmente.
Falta de notificación e indefensión: Ramiro García, abogado defensor de Aquiles Alvarez y su esposa Fiorella Ycaza, alegó fallas e inconsistencias severas en las notificaciones fiscales. Debido a esto, sostuvo que la defensa se vio imposibilitada de evacuar cuatro pericias contables y tributarias de carácter clave para la causa.
Incompetencia y nulidades previas: El caso ha enfrentado un escenario complejo tras la suspensión previa del primer juez de la causa, Jairo García, lo que ya motivó a que los jueces subrogantes anularan audiencias preparatorias anteriores con el fin de no quebrar el principio de inmediación.
El proceso investiga un esquema supuestamente dedicado al desvío de fondos estatales y lavado de activos a través de la comercialización irregular de combustibles subsidiados. Tras escuchar los duros alegatos de nulidad planteados por las defensas, el juez a cargo de la diligencia suspendió la sesión para dar paso a la respuesta de la Fiscalía. Se prevé que el magistrado de la causa anuncie en las próximas jornadas si acepta los pedidos de nulidad presentados o si declara la validez de lo actuado para proceder con el dictamen acusatorio. (I)