En la Embajada de México en España, Norma Espinel Aráuz, madre de Jorge Glas, presentó una denuncia por la irrupción de la sede diplomática en Ecuador para detener al exvicepresidente. De acuerdo con el documento, irá dirigida a la Fiscalía General de la República.
Un presunto delito se atribuye al presidente Daniel Noboa, así como a la ministra de Gobierno (actualmente del Interior), Mónica Palencia; a la jueza Rita Bravo; al comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, y a Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto.
La denuncia determina a Norma Espinel como «víctima indirecta» de Glas. Y recuerda los sucesos ocurridos el pasado 5 de abril, «cuando personas armadas entraron violenta e ilegalmente en el local diplomático y secuestraron a su hijo, el señor Jorge David Glas Espinel«.
También se detallan varios artículos de la Constitución mexicana en los que, de acuerdo con los abogados de la familia, se constata que los hechos descritos, de responsabilidad de las autoridades ecuatorianas, constituirían un delito. Por ello solicitan a la Fiscalía «que dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente».
Ecuador defiende que el asalto a la Embajada de México fue un acto «excepcional»
El anterior 1 de mayo, Ecuador defendió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrastrar al exvicepresidente Jorge Glas fue un acto «excepcional» y «aislado», al tiempo que subrayó que el político ecuatoriano ha sido «debidamente condenado» por delitos de corrupción.
Andrés Terán Parral, embajador de Ecuador ante Países Bajos, señaló durante la segunda jornada de la audiencia por este caso que su país ha dado «garantías» por escrito a México de que cumplirá con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas, pero justificó el arresto del exvicepresidente tras asaltar la embajada mexicana en Quito.
Él abrió y cerró las intervenciones que duraron una hora y cuarenta y cinco minutos. Lo acompañaron Alfredo Crosato, abogado peruano, y sir Michael Woods y Sean Murphy, expertos en litigios entre estados. (La República)