QUITO.- El caso Purga sigue dando de qué hablar y poco a poco se va conociendo el expediente del caso, en el que son investigadas doce personas por el delito de delincuencia organizada, y van apareciendo las conversaciones, las fotos y los audios que confirman los hechos relatados por la fiscal general, Diana Salazar, en la formulación de cargos, audiencia realizada entre el 4 y el 5 de marzo pasados en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.
Uno de esos hechos explicados por Salazar en los que habían existido irregularidades es el relacionado a una acción de protección con medida cautelar que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) presentó en 2022 en cortes de la provincia del Guayas contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito, dentro de un contrato de repavimentación por $ 30 millones.
La Fiscalía señaló que en primera instancia la jueza Larisa I., de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, declaró sin lugar la referida acción constitucional, provocando que la decisión fuera apelada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. “No les dieron la razón. ¿Y por qué no les dieron la razón? Porque todavía no participaban los integrantes de esta cúpula”.
Es en ese punto, dijo Salazar, donde los jueces provinciales Fabiola G., Guillermo V. y Henry T. conocen este proceso y revocan la sentencia de primera instancia, aceptando la acción de protección. La teoría de Fiscalía sostiene que esta decisión se habría emitido a cambio de una dádiva, de un beneficio material. Supuestamente lo que la jueza Fabiola G., expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, habría pedido a cambio de este fallo es la remodelación del piso del salón de la presidencia de la Corte del Guayas.
“Por orden de Fabiola G., la relacionista pública contratada y pagada por Pablo M., Mayra S., fue la encargada incluso de seleccionar el piso a usarse en la remodelación, el que esté más actual, el que más le guste a Fabiola G. y cuya compra e instalación fue pagada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, refirió la fiscal general en su relato.