La abogada y dirigente del movimiento Construye, María Paula Romo, en diálogo con Diario CORREO, considera que el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, no tendrá el apoyo de las bancadas distintas al correísmo.
Considera que el cuerpo legal presentado por la Comisión de Justicia de la legislatura está diseñado “para la impunidad”.
No niega que en su organización política están pensando en el 2025. Aunque no revela quién podría ser su candidato o candidata a la Presidencia, asegura que en su debido momento se lo hará conocer.
Visibiliza que los mismos que han tratado de desviar la investigación penal en torno a la muerte de Fernando Villavicencio, hoy hasta incidentan las comparecencias en la comisión ocasional que aborda este crimen.
¿Por qué Construye se
opone a las reformas al COIP?
La reforma al COIP está diseñada para la impunidad y para debilitar el trabajo de la Fiscalía General del Estado. La Comisión de Justicia aprueba un informe por unanimidad que en su parte medular contiene una agenda de impunidad del correísmo para anular las sentencias de (Rafael) Correa y de algunos de los personajes principales de su entorno y me refiero específicamente a la norma que incluye una nueva causal para el recurso de revisión y la disposición general está directamente conectada con esa reforma. El recurso de revisión existe para casos en donde se descubre aún después de la sentencia nuevos elementos que ponen en duda la culpabilidad de quien ha sido sentenciado. En el caso Sobornos, algunos de los involucrados ya lo plantearon y ya lo perdieron. La reforma incluye un nuevo artículo hecho a la medida para viabilizar un recurso de revisión, según un informe del comité de derechos humanos de Naciones Unidas, desnaturalizando el recurso. Una vez que se abren estas grietas en el sistema penal de ellas se aprovechan todo tipo de criminales. Veamos lo que pasó con los Habeas Corpus de Jorge Glas, que empezaron a usarse para toda la estructura criminal de (Leandro) Norero, en el caso Metástasis.
¿Han tenido acercamientos con otras bancadas para buscar el archivo?
No vemos un escenario en el que esta reforma pueda aprobarse, porque, si bien salió por unanimidad de la Comisión de Justicia, cuando llega al pleno, todas las otras bancadas que no son el correísmo ya se pronuncian en contra porque el movimiento Construye levanta las alarmas y la Fiscalía General tiene una posición muy dura; califica las reformas como unas reformas irracionales hechas a la medida de un interés político, entonces en el país, los expertos, los penalistas, hay una crítica muy fuerte a estas medidas y los propios integrantes de la Comisión de Justicia distintos a la bancada del correísmo, ya en el Pleno coinciden con estas críticas a pesar de haber sido parte del informe que se vota por unanimidad en la Comisión, por eso, me atrevo a decir que no veo un escenario en donde el informe, que inicialmente se planteaba desde la Comisión de Justicia, pudiera ser aprobado en la Asamblea Nacional.
¿Cuáles son los
escenarios que avizora?
Sería realmente gravísimo y sería lamentable que se apruebe una reforma, sobre la que hay una preocupación nacional, que la titular de la acción penal, que es la Fiscalía General del Estado, se opone a las reformas muestra la gravedad señala que incluso debilitaría investigaciones en curso o futuras investigaciones. Sería gravísimo que la Asamblea vaya en el sentido contrario a lo que requiere el país. La bancada del movimiento Construye estará abierta a analizar qué es lo que se está proponiendo, si se hace algún cambio, pero estos artículos que autorizan a que los asambleístas pidan información reservada de las investigaciones de ninguna manera los vamos a respaldar, no vamos a respaldar artículos que debilitan la persecución penal, peor todavía cuando el país exige lo contrario.
En caso de aprobarse, ¿Cabe alguna demanda de inconstitucionalidad, como lo ha anticipado la fiscal general, Diana Salazar?
Creo que caben esas preocupaciones y cabría una demanda de inconstitucionalidad. No es solamente una diferencia de opinión o una diferencia de acción, es que se distorsiona el sistema, se debilita el modelo de persecución penal, el rol de la Fiscalía dentro del modelo que tiene el Ecuador, en donde los jueces son garantes, supervisan el proceso, pero la Fiscalía tiene la titularidad. También se distorsiona la reserva que se debe mantener en ciertas etapas de la investigación. Se distorsiona el recurso de revisión.
¿Ustedes ya han tenido diálogos
directos con otras bancadas?
No, sobre este tema, las declaraciones han sido las que usted escuchó de los legisladores de Construye en el pleno de la Asamblea Nacional, el día jueves de la semana pasada. La Asamblea Nacional presentó un consenso sobre el incremento de penas. Se va a dar una consulta popular convocada por el Presidente en 45 días y ahí nuevamente se tendrá que poner en debate una reforma. Entonces, ¿por qué la urgencia de hacer una reforma para incrementar penas hoy y en dos meses otra reforma para incrementar penas? La urgencia de esta reforma tenía todo que ver con los artículos de la impunidad del correísmo.
¿Cuál va a ser la postura de Construye en torno a la consulta popular?
El movimiento Construye ha decidido respaldar la consulta popular, porque, además, algunas de las más importantes preguntas fueron sugeridas incluso por el movimiento Construye y fueron parte de nuestra propuesta en la campaña electoral la extinción de dominio, extradición y trabajo por horas, por mencionarle tres preguntas que son medulares en la consulta.
¿Cómo se preparan para
las elecciones 2025?
El movimiento Construye presentará sus candidatos a todas las dignidades.
¿Quién sería su
candidato a Presidente?
Lo anunciaremos cuando sea oportuno. No por mucho madrugar amanece más temprano.
¿Cómo valora el desenvolvimiento de la Comisión Ocasional Multipartidista de la Asamblea que investiga el crimen de Fernando Villavicencio?
La comisión ocasional que se creó puede investigar la dimensión política de este asesinato, las implicaciones que tiene para el régimen democrático en el Ecuador el contexto en el que se da las implicaciones políticas derivadas de investigaciones de Fernando Villavicencio y también los intentos por ocultar los resultados por desviar la investigación, por confundir a la población. Recordemos, por ejemplo, que la misma noche del asesinato de Fernando Villavicencio, Rafael Correa publicó un video atribuyéndolo a una organización criminal pretendiendo hacer creer que este asesinato se debía a una supuesta vinculación de Villavicencio, imagínese usted, a una supuesta vinculación con una organización criminal. Unas horas después se pudo constatar que el video se había publicado años antes en México, que no tenía nada que ver con este caso, que se había hecho un montaje del sonido. Cómo no se va a registrar en la historia política del Ecuador ese papel que ha jugado el correísmo cuando impidió o trató de impedir que se inscriba un candidato en reemplazo de Fernando Villavicencio, cuando impidió que participe el movimiento y los candidatos en el debate presidencial a horas del asesinato de Fernando Villavicencio, todo esto es parte de la historia política del Ecuador y tiene que registrarse y eso es parte de lo que la comisión sí puede hacer.
¿Cómo le parece que está llevando adelante la comisión estas audiencias?
Los mismos que desde el momento del asesinato han tratado de desviar la investigación, los mismos que han tratado de ensuciar el nombre de Fernando Villavicencio aún después de su asesinato, son los mismos que en la Asamblea Nacional incidentan, van a la comisión, impiden las presentaciones de los ministros… Entiendo que tanto la presidenta como el vicepresidente de esta comisión han colocado ya quejas en los mecanismos de la Asamblea Nacional para que tengan un llamado de atención los legisladores o las legisladoras que incidentan el trabajo.
Usted dijo que le llama la atención que bajo custodia del Estado hayan fallecido un número importante de personas vinculadas a esta investigación
‘No vemos un escenario en el que las reformas al COIP puedan aprobarse’.
Es gravísimo. En esos incidentes que se vieron en distintas cárceles en el país fueron asesinados los gatilleros, quienes participaron directamente del asesinato y que seguramente habrían sido sujetos claves de la investigación de los autores intelectuales, entonces, no se trata de un hecho aislado, es parte de lo que describe la gravedad, pero también la magnitud de este caso. Entre la dimensión penal de los casos y la investigación de las circunstancias políticas, ese asesinato se dio bajo custodia del Estado y también tendrán que establecerse responsabilidades políticas.