El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 9 de noviembre de 2026 el proyecto de ley denominado oficialmente como Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, ampliamente conocido como Ley Antimafias. La iniciativa legal recibió el respaldo definitivo de 85 legisladores, alcanzando el voto favorable de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, mientras que la bancada del correísmo (Revolución Ciudadana) votó en contra con 61 voluntades.
La propuesta contempla nuevos delitos relacionados con la pertenencia y colaboración con organizaciones criminales, además de cambios en los procedimientos de extinción de dominio.
La iniciativa plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley de Extinción de Dominio y al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre sus objetivos está establecer sanciones para quienes integren organizaciones criminales o colaboren con sus actividades, incluso desde funciones externas a su estructura operativa.
Sin embargo, la Asamblea Nacional ya aprobó el proyecto este lunes 9 de noviembre de 2026, con 85 votos a favor. La iniciativa fue impulsada por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, y ahora será remitida al presidente de la República para el trámite constitucional correspondiente.
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Nuevas figuras penales y sanciones
Entre los principales cambios se incorpora la figura de pertenencia a organizaciones criminales y la denominada pertenencia funcional, que comprende actividades como vigilancia, alertas, comunicaciones, transporte de integrantes y abastecimiento logístico. Estas conductas podrán recibir penas de entre 13 y 16 años, según la información difundida sobre el proyecto.
La reforma también contempla sanciones para quienes, sin integrar directamente una organización delictiva, proporcionen de manera consciente asesoría técnica, contable, financiera o tecnológica para facilitar sus actividades. Para la colaboración externa se establecen penas de 10 a 13 años. La prestación legítima de servicios profesionales o la defensa técnica no constituyen por sí solas este delito; debe demostrarse que existió una colaboración consciente con fines ilícitos.
Otro de los cambios establece un régimen excepcional de acumulación de penas que puede alcanzar los 60 años de prisión. Este límite se aplicaría cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, y la suma de las penas individuales supere los 40 años. No significa que todas las condenas puedan acumularse automáticamente hasta ese máximo.
En materia patrimonial, la normativa fortalece los mecanismos para recuperar, administrar y conservar bienes vinculados con actividades ilícitas. También contempla la posibilidad de su venta anticipada, previa autorización judicial, dentro de los procedimientos correspondientes.
La ley incluye, además, disposiciones sobre el control de drogas sintéticas y precursores químicos, protección de la identidad de jueces que conozcan causas de delincuencia organizada y cooperación eficaz para obtener información verificable que contribuya a identificar responsables y desarticular estructuras criminales.
Con la aprobación legislativa, el proyecto pasa al Ejecutivo para el trámite constitucional. Su entrada en vigencia dependerá de ese procedimiento.