La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, de 48 años e hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. También lo acusa de poseer ametralladoras y de conspirar para poseerlas.
El anuncio lo hicieron el fiscal federal Jamie McDonald y el jefe de la DEA, Terrance Cole, cuando se hizo pública la acusación contra cinco ecuatorianos.
El comunicado describe a Bucaram Pulley como «presunto traficante de drogas y armas». Su padre, el expresidente Abdalá Bucaram, ha revelado en su cuenta de X, la tarde de este jueves 5 de noviembre, que ha sido capturado en Guayaqul, la tarde de ayer, a las 15h30 de la tarde. También dice que no existe orden de prisi
Según la acusación, en 2026 el exasambleísta Jaime Estrada Medranda y su padre, el exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla, enviaron a dos representantes a reunirse con él.
Esos representantes eran Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López. El objetivo de la reunión era negociar el envío de un supuesto cargamento de dos toneladas de cocaína de Ecuador a México, para luego llevarlo a Estados Unidos.
Exportar cocaína
Estrada Bonilla es nuevamente candidato a la alcaldía de Manta para las elecciones del próximo 29 de noviembre; mientras que a su hijo -que intentó presentarse a la Prefectura de la provincia de Manabí, a la que pertenece Manta- le rechazaron la inscripción.
Según la acusación revelada este jueves 5 de noviembre, en un comunicado público, Estrada Medranda y Estrada Bonilla habrían utilizado su empresa exportadora de productos del mar para ocultar cargamentos de droga entre envíos comerciales.
De Geovanny Fernández (58 años), dueño de una exportadora de productos del mar, domiciliada en Portoviejo, no se sabe nada más.
“Quienes se aprovechan de negocios legítimos para distribuir cocaína en nuestras comunidades deben comprender que la DEA seguirá las pruebas, desenmascarará sus redes y colaborará con nuestros socios internacionales para llevarlos ante la justicia. Ningún título, fortuna o vínculo familiar altera este compromiso”, declaró el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole.
Penas de hasta cadena perpetua
Los cinco acusados enfrentan los mismos tres cargos. La conspiración para importar cocaína tiene una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
La posesión de ametralladoras tiene una pena mínima de 30 años y también puede llegar a cadena perpetua. La conspiración para poseer ametralladoras puede castigarse igualmente con cadena perpetua.
«Los cargos anunciados hoy representan un esfuerzo coordinado para desmantelar la corrupción política y el narcotráfico que han causado estragos en Ecuador», dijo McDonald.
El fiscal añadió que los acusados ayudaron a convertir al país en un punto de paso del 70 % de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa.
El documento recuerda que los cargos son solo acusaciones y que los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
Capturas en Guayaquil y Panamá
Bucaram Pulley, Fernández Menéndez y Briones López fueron detenidos en Ecuador el 4 de noviembre. Los Estrada habían sido arrestados en Panamá el 2 de noviembre.
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la investigación la llevó adelante la DEA. Según dijo, las autoridades estadounidenses emitieron las notificaciones rojas de Interpol y Ecuador se limitó a ejecutar las detenciones. Reimberg anunció que los cinco serán extraditados «en los próximos días». Todavía no hay una fecha confirmada.
Para que la extradición avance, Estados Unidos debe presentar un pedido formal a través de la Cancillería. Ese pedido lo tramita la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia.
Una condena pendiente en Ecuador
El caso estadounidense se suma a la situación judicial de Bucaram Pulley en Ecuador.
El 9 de septiembre, un tribunal de Pichincha lo condenó, en primera instancia, junto con su padre a nueve años y cuatro meses de prisión. Ambos fueron declarados colaboradores del delito de delincuencia organizada en el caso Pruebas COVID-19. Esa sentencia es de primera instancia y no está ejecutoriada.
Los jueces acogieron la tesis de la Fiscalía, que los acusó de colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una presunta estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización irregular de unas 21.000 pruebas de diagnóstico y otros insumos médicos.
Abdalá Bucaram defendió a su hijo y aseguró que «en Estados Unidos saldrá libre». También recordó que en 1986 fue acusado de tráfico de drogas y que luego le pidieron perdón.