Concejales de oposición denunciaron de manera pública que la mayoría oficialista en el Concejo Metropolitano, afín al movimiento Revolución Ciudadana (RC), mantiene un bloqueo sistemático contra los procesos de fiscalización y denuncias dirigidas a la administración del alcalde Pabel Muñoz.
De acuerdo con los ediles de oposición, entre ellos Andrés Campaña, Michael Aulestia y Andrés Castillo, la bancada correísta funciona como un bloque de contención institucional ante las crecientes sospechas de irregularidades en el cabildo. La pugna interna subió de tono tras los recientes operativos de la Fiscalía General del Estado, que allanó dependencias del municipio y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) en el contexto de una investigación por presunto peculado en contratos de obra pública.
El detonante de la confrontación
Las fricciones en el seno del Concejo se agudizaron luego de que el concejal Andrés Campaña formalizara una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de Muñoz por presunto peculado. El caso surge de los señalamientos contra una asesora de alcaldía que supuestamente coordinaba de forma simultánea actividades del Municipio y tareas directivas nacionales de la Revolución Ciudadana, lo que configuraría una aparente duplicidad de funciones y desvío de fondos públicos.
Ante esta y otras solicitudes de transparencia —como la fiscalización de contratos viales, compras de recolectores de basura e irregularidades laborales propuestas por ediles como Andrés Castillo— la respuesta del bloque mayoritario ha sido unánime: archivar o dilatar los debates internos.
Argumentos cruzados: ¿fiscalización o persecución?
La oposición sostiene que el Concejo está perdiendo su facultad democrática de control. «Nuestro deber fiscalizador nos obliga a llevar estos casos hasta las últimas consecuencias penales y políticas, pero nos topamos con una pared que prioriza la defensa partidista antes que los recursos de los quiteños», manifestaron sectores críticos dentro del cabildo.
Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz y su bancada rechazan categóricamente las acusaciones. Durante la última sesión del Concejo Metropolitano, el primer mandatario local aseguró ser objeto de una «judicialización de la política», contabilizando un total de 687 acciones legales y administrativas en su contra desde que inició su gestión. Muñoz alegó que la administración mantiene una postura abierta con la Contraloría y la Fiscalía, pero denunció que los pedidos de los concejales de oposición responden a un intento de bloquear su participación política con miras a las próximas elecciones seccionales.
Mientras el cruce de reproches continúa dividiendo a la cámara municipal, la Asamblea Nacional también ha empezado a poner la lupa sobre la ejecución presupuestaria de la capital ecuatoriana. Esto anticipa que la batalla por la fiscalización de Quito se trasladará con fuerza a los tribunales y al debate legislativo nacional durante los próximos meses. (I)