El Senado de Perú aprobó este miércoles (21.10.2026) un proyecto de ley que permitirá a la presidenta derechista Keiko Fujimori legislar contra el crimen organizado sin pasar por el Congreso.
Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa por su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000) con un aumento explosivo de los homicidios y las extorsiones.
Fujimori, que asumió el poder en julio, quedó facultada para expedir normas sobre control migratorio, uso de armas y para reformar el sistema penitenciario. También podrá dar más poder a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, en apoyo a la policía.
«El pleno del Senado aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño por un plazo de 90 días», indicó el parlamento en X.
La ley se aprobó con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, tras tres horas de debate.
El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado incorporó nuevas atribuciones que generaron el rechazo de la oposición.
El presidente del Congreso deberá enviar ahora el proyecto a Fujimori para su promulgación.
Rol militar
Entre las facultades de seguridad agregadas por el Senado, la presidenta podrá disponer la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales cuando la policía vea superada su capacidad.
Arturo Huaytalla, experto en seguridad pública, afirma que este apoyo militar ya se emplea desde 2015 de manera excepcional en Perú.
«El riesgo es que esa excepcionalidad termine normalizándose» y que los militares «lideren funciones de la policía», dice a la AFP.
La oposición teme que las Fuerzas Armadas puedan incurrir en eventuales abusos cuando se sumen a la policía en el control del orden público.
«Su mayor contribución debería estar en producir y compartir inteligencia», señala Huaytalla.
Con la nueva norma, los militares podrán también dar seguridad externa en las cárceles de alta peligrosidad, desde donde se coordinan acciones criminales, según las autoridades.
Fujimori queda autorizada además para crear un registro de las organizaciones criminales que adopten prácticas «utilizadas por el terrorismo o análogas», a las que podrá investigar con «técnicas especiales», perseguir su patrimonio y juzgarlas, según el texto aprobado.