Un juez penal dictó prisión preventiva para Roberto Cristóbal A. (identificado también como Ayala R.), funcionario del área de mantenimiento del Ministerio de Educación, por su presunta implicación en un esquema delictivo dedicado a la venta de puestos de trabajo y nombramientos docentes. La detención y posterior procesamiento se ejecutaron tras la denominada «Operación MINEDEC», un despliegue policial y fiscal realizado en la capital ecuatoriana.
De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía General del Estado y del ministro del Interior, John Reimberg, la red exigía cobros ilícitos de entre USD 1.500 y USD 5.000 a cambio de asegurar plazas laborales o emitir certificaciones académicas. Las investigaciones financieras preliminares detectaron que el principal sospechoso manejaba de forma injustificada un patrimonio y movimientos bancarios cercanos al millón de dólares.
Operación y modus operandi
La investigación penal comenzó en abril de 2026 debido a una alerta de la Secretaría General de Integridad Pública. El esquema delictivo utilizaba intermediarios o «enganchadores» para contactar a ciudadanos interesados en plazas del sistema educativo público. Tras acordar el pago ilícito, el dinero era depositado y posteriormente distribuido entre los involucrados.
Durante el operativo de la Policía Nacional se allanaron tres inmuebles: la sede principal del Ministerio de Educación de Ecuador en Quito y dos domicilios particulares. En las diligencias también fueron retenidos con fines investigativos otros dos empleados de la institución: Ochoa N. (del área de conducción) y Félix P. (de servicios generales), a quienes se les decomisaron teléfonos celulares para realizar las pericias técnicas correspondientes. Consultaratlas
La ministra de Educación, Gilda Alcívar, precisó que los indicios apuntan a que este esquema operaba desde hace varios años y mantenía ramificaciones activas en diferentes provincias del país. Las autoridades judiciales procesan el caso bajo la figura legal de concusión, mientras se define la situación penal del resto de los investigados. (I)