El Senado mexicano aprobó este martes (29.09.2026) por mayoría calificada una reforma constitucional que exigirá tener únicamente la nacionalidad mexicana para aspirar a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
El proyecto fue aprobado, en lo general y particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, por lo que quedó avalado sin modificaciones y fue remitido a los congresos locales.
La reforma modifica tres artículos de la Constitución para establecer que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
Si poseen otra, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral y acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado dejó efectivamente de existir.
Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras, o utilizar pasaporte o documentos de identidad expedidos por otro país.
Tampoco podrán ejercer derechos políticos inherentes a esa ciudadanía extranjera ni acogerse a su protección diplomática.
Cambios aplicables en comicios de 2028
Los cambios serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarán a quienes ya ejerzan alguno de esos cargos cuando la reforma entre en vigor.
El Congreso tendrá además 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y normas electorales en el mismo plazo.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa el 30 de agosto y la Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y 334 votos favorables, 109 contrarios y una abstención sobre los artículos reservados.
Al tratarse de una reforma constitucional, deberá obtener ahora el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas para su publicación oficial.
Morena y sus aliados defendieron en el Senado que la medida no elimina la doble nacionalidad ni restringe de manera general los derechos políticos, sino que crea una condición excepcional relacionada con la soberanía para quienes encabecen los poderes ejecutivos.