El Pleno del Parlamento ecuatoriano concentra su agenda en la discusión de una normativa clave contra el crimen organizado. La propuesta legislativa, impulsada originalmente desde el Ejecutivo por la vicepresidenta María José Pinto, plantea un endurecimiento estructural de las sanciones y herramientas de control digital para proteger a la infancia en el país.
Según expuso Diana Jácome, legisladora del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y presidenta de la Comisión de Transparencia, la situación es crítica: en lo que va de 2026, más de 2.000 niños, niñas y adolescentes han sido aislados debido a su participación en actividades delictivas.
Penas severas y bloqueo de redes sociales
El núcleo de la reforma radica en la modificación del artículo 127 y la sustitución del artículo 369.1 del COIP. Con esto, las penas para los adultos que recluten o utilicen a menores para cometer delitos pasarían de los actuales 10 a 13 años de cárcel a una sanción de entre 22 y 26 años de prisión en los casos más graves.
Además del castigo penal, el proyecto introduce medidas de blindaje en entornos digitales. Entre las herramientas más discutidas consta la facultad para que las autoridades judiciales ordenen el bloqueo dinámico y temporal de direcciones IP, dominios y URL donde se detecte y promocione material de reclutamiento o apología del delito en redes sociales.
Asimismo, se delega a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la obligación de limpiar grafitis o símbolos de bandas criminales en los alrededores de los planteles educativos y prohibir eventos públicos que exalten la criminalidad.
Discrepancias políticas en el Pleno
A pesar de que el oficialismo defiende que la ley cuenta con el respaldo técnico de organismos como Unicef y no responde a banderas ideológicas, la sesión evidenció posturas divididas respecto a los mecanismos de control.
La bancada de Revolución Ciudadana (RC) calificó ciertas medidas de «populismo penal». Cuestionaron el bloqueo temporal de IP y propusieron, en su lugar, restringir por completo el acceso a redes sociales a menores de 15 años, responsabilizando económicamente a las operadoras telefónicas. También rechazaron posibles sanciones a los padres por la falta de supervisión digital, argumentando las realidades laborales del sector rural.
Los legisladores de oposición señalaron que podrían consignar sus votos a favor de la propuesta de ADN siempre y cuando se acojan sus observaciones técnicas y de veeduría durante la jornada.
Para que este paquete de reformas normativas sea aprobado y remitido al Ejecutivo para su posterior publicación, se requiere el voto favorable de al menos 77 legisladores en el Pleno.