Ecuador aparece entre los países que presentan señales de posible autocratización, según el informe 2026 del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. El reporte advierte un cambio en la trayectoria democrática del país, que hasta 2025 era ubicado dentro de la categoría de democracia electoral.
El informe no califica a Ecuador como una autocracia, pero identifica señales de deterioro en condiciones relacionadas con el funcionamiento democrático. El análisis considera variables como las libertades civiles, la independencia institucional y la concentración del poder.
El contexto ecuatoriano está marcado por el incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado y las medidas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa para enfrentar la inseguridad. En este escenario, expertos consultados consideran que el desafío consiste en mantener las acciones de seguridad dentro del marco institucional y garantizar el respeto a los derechos y libertades.
El constitucionalista José Correa explicó que una democracia no se limita a la realización periódica de elecciones, sino que también requiere independencia entre las funciones del Estado, libertad de expresión, libertad de opinión y garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos.
A su criterio, las señales identificadas por V-Dem deben generar atención, particularmente frente a denuncias relacionadas con presiones a periodistas y opositores y cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones. Correa sostuvo que un gobierno puede responder a las críticas y desmentir información que considere falsa, pero no debería utilizar el poder estatal para silenciar voces opositoras.
Libertad de prensa, uno de los puntos de preocupación
La situación del periodismo aparece como otro de los elementos analizados en este contexto. Los casos recientes de los periodistas Hernán Higuera, de Ecuavisa, y Gisela Bayona, quienes han hecho públicas decisiones relacionadas con el ejercicio de su profesión, han generado un debate sobre las condiciones en las que trabajan los comunicadores.
Correa considera que cuando un periodista decide no publicar una investigación por temor a posibles represalias se produce una afectación al ejercicio de la libertad de prensa. Advirtió además que sería más grave si instituciones estatales, procesos administrativos o acciones judiciales fueran utilizados para intimidar o silenciar a periodistas.
“Lo que debe cuidarse el gobierno es no dar la apariencia de que contra esas voces críticas caiga el peso del Estado”, manifestó.
Karina Benítez, presidenta del Colegio de Periodistas y Comunicadores de El Oro, también expresó preocupación por las condiciones actuales del ejercicio periodístico. Identificó cuatro factores que, según señaló, generan presión sobre los comunicadores: la violencia criminal, la presión institucional, el deterioro económico de la profesión y el hostigamiento digital.
La dirigente señaló que la inseguridad limita el trabajo de los periodistas en territorio, mientras que las dificultades para acceder a información, la precarización laboral y los ataques mediante redes sociales pueden incrementar la presión sobre quienes realizan investigaciones o difunden información.
Benítez alertó además sobre posibles casos de autocensura y una “zona de silencio informativo” en El Oro, especialmente alrededor de temas sensibles como posibles actos de corrupción, ejecución de obras y deficiencias en servicios públicos.
Gremios piden garantizar el ejercicio periodístico
Danny Loayza, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, núcleo de El Oro, sostuvo que la democracia ecuatoriana enfrenta tensiones relacionadas con la inseguridad, la polarización política y los conflictos institucionales.
Afirmó que el ejercicio periodístico se encuentra condicionado por amenazas, intimidación, violencia y presiones políticas y económicas. También señaló que la autocensura puede aparecer cuando un comunicador decide no publicar determinada información ante el temor de posibles consecuencias para él o su familia.
Loayza defendió el papel de los periodistas como parte de las garantías para que la sociedad pueda acceder a información y pidió fortalecer la unidad del gremio para defender un ejercicio profesional libre y responsable.
El informe de V-Dem y los criterios de los especialistas colocan nuevamente en el debate público la situación de la democracia ecuatoriana. El principal llamado es a preservar las instituciones, las libertades civiles y la libertad de prensa, particularmente en un contexto marcado por la inseguridad y la confrontación política.