Gisella Bayona renunció de forma pública a su ejercicio periodístico este 2 de septiembre de 2026, como respuesta directa a los señalamientos replicados por plataformas digitales afines al oficialismo, y tras una insinuación del presidente Daniel Noboa.
La comunicadora tomó esta decisión para proteger a su núcleo familiar, alega, tras la viralización de documentos forjados que intentaron posicionar a su esposo como testaferro y parte de una red de corrupción estatal.
El origen de los señalamientos
El 28 de agosto pasado, durante una entrevista radial, el primer mandatario aseguró que una comunicadora figuraba como proveedora del sector salud y que su pareja mantenía vínculos de 15 años con mafias eléctricas. Horas después de esta intervención, diversas cuentas alineadas al régimen iniciaron una campaña coordinada nombrando directamente a Bayona y a su esposo, José Roberto Alvear.
Para sostener las acusaciones gubernamentales, se difundieron capturas de supuestas noticias del delito ingresadas en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, Bayona defendió que los expedientes públicos demuestran que las imágenes fueron alteradas para convertir a Alvear de denunciante a sospechoso en un caso de falsificación informática.
A través de una declaración en video difundida en sus canales oficiales, Bayona rechazó categóricamente mantener negocios con el sistema de salud pública y aclaró que sus cuestionamientos periodísticos siempre respondieron a la crisis de desabastecimiento de medicinas en los hospitales estatales.
«Señor presidente, usted ganó. Usted tiene el poder y los medios para implantar cualquier narrativa. Hoy elijo a mi familia», expresó la periodista. La comunicadora enfatizó que los procesos judiciales aludidos por el Gobierno ya concluyeron a favor de su esposo, quien actuó legalmente como víctima y denunciante de su ex socio.
La salida de la comunicadora ocurre en un escenario de confrontación directa entre el Ejecutivo y las voces críticas a su gestión sanitaria. Bayona cerró su intervención cuestionando la inversión de recursos estatales en campañas de desprestigio en lugar de abastecer la red de salud pública y combatir las estructuras de extorsión que operan en el país.