El caso Golelada sigue sin podder instalarse por una serie de eventos en cadena. La primera dilatación se dio por la propia defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez al coincidir con otra diligencia judicial previa. El segundo diferimiento se dio por la fallida instalación de la audiencia tras la incomparecencia de un abogado defensor, lo que devino en una sanción económica por parte del juez. Finalmente la audiencia volvió a dilatarse luego que la Fiscalía interpuso acciones legales contra magistrados de la Sala Anticorrupción tras la revocatoria temporal de medidas preventivas, generando pausas e inhabilidades temporales en el trámite.
Ahora se suma que los procesados siguen intentando apartar al intentos de apartar al juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado Jairo García, del denominado caso Goleada. Gioconda Henriques, madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ambos procesados, junto a 24 personas naturales y jurídicas más, por lavado de activos, a través de su abogado Francisco Córdova, intentó el pasado 4 de agosto hacer que el magistrado se excuse de continuar al frente de este proceso.
La madre del alcalde argumentó que su abogado Francisco Córdova también es abogado del juez Jairo García en un proceso disciplinario que el Consejo de la Judicatura (CJ) sigue en su contra. Además, Henriques expuso que Córdova es patrocinador de García en otra investigación que está siendo sustanciada.
Gioconda Henriques invocó los artículos 572 y 22 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre las causas de excusa y recusación y sostuvo que el juez del caso Goleada incurriría en tener vínculo con las partes, la víctima o sus defensores por intereses económicos y tener, presuntamente, alguna obligación pendiente con alguna de las partes o sus defensores.