QUITO.- Desde este 14 de julio y hasta el 12 de agosto de 2026, la Comisión Verificadora del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene plazo para revisar que los 309 precandidatos a ocupar las vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cumplan requisitos y no estén incursos en prohibiciones para ocupar un cargo público.
El lunes último terminó el plazo para que 214 inscritos —de los 309— presenten sus pruebas de descargo a 286 denuncias en su contra. Aunque se desconoce quiénes son los denunciantes y las motivaciones.
Esta actividad es parte de los comicios del 29 de noviembre en los que se elegirán alcaldes, concejales, prefectos y vocales de juntas parroquiales; y, los siete consejeros de Participación, principales y suplentes.
Pero para que sus caras estén en la papeleta electoral, los 309 precandidatos deben acreditar no estar inmersos en inhabilidades y prohibiciones; y cumplir con requisitos básicos contemplados en la ley.
Esta tarea estará a cargo de una comisión verificadora, integrada por diez funcionarios del CNE, quienes además analizarán las denuncias planteadas. De ello dependerá que los precandidatos sean calificados.
La comisión verificadora arrancó este 14 de julio con la fase de revisión y tendrá 30 días para elaborar sus informes en los que recomendarán la calificación o descalificación de los postulantes para que el Pleno del CNE resuelva.
Los requisitos para ser calificado son los siguientes: ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos y de participación, tener 18 años al momento de presentar la postulación; tener título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación superior.
Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos; desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones; trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción o reconocido prestigio que evidencie compromiso cívico y de defensa del interés general.
Adicionalmente, no deben estar incursos en catorce prohibiciones, como deber pensiones alimenticias, mantener contratos con el Estado, que hayan sido afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos en los últimos cinco años, o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo tiempo, entre otros.
El cumplimiento de estas exigencias debe constar en una declaración juramentada.
Los comisionados revisarán los documentos, pero “en ninguna circunstancia podrán negar de oficio una postulación alegando inhabilidades”, porque la carga de la prueba corresponde exclusivamente a la ciudadanía y a las organizaciones sociales.
En esencia, la comisión no podrá actuar de oficio y para redactar los informes valorarán la documentación de los expedientes.
Los consejeros electorales tendrán entre el 13 y 14 de agosto para pronunciarse.
Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el mismo CNE y, de mantenerse la inconformidad, los precandidatos podrán recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que tiene alrededor de 30 días para resolver.
El calendario aprobado para esta elección prevé que se conozca el total de candidatos habilitados el 24 de septiembre.
La ley ordena que se armarán tres listas en diferentes papeletas: una de hombres; de mujeres; y, de los pueblos, nacionalidades, montuvios, afroecuatorianos y migrantes.