La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional volvió al debate tras el tratamiento del pedido de juicio político contra Inés Manzano, exministra de Energía que pasó el filtro del CAL el pasado 1 de junio de 2026.
La solicitud, impulsada por legisladores de la Revolución Ciudadana, estaba relacionada con supuestas responsabilidades políticas por la contratación de los proyectos de generación eléctrica Salitral y Quevedo, con Progen.
El Consejo de Administración Legislativa calificó el pedido el 1 de junio de 2026 y lo remitió a la Comisión de Fiscalización. Cinco días después, la mesa trató la solicitud en una sesión virtual. La moción para calificar el juicio político no alcanzó los votos necesarios: cuatro legisladores votaron a favor y seis se abstuvieron.
Las abstenciones correspondieron a Ferdinán Álvarez, Ana Belén Tapia, José Nango, Fabiola Sanmartín, Luigi García y María Paula Villacreses. Los votos afirmativos fueron de Janeth Bustos, Fricson George, Ana Herrera y Nanki Saant.
Una comisión clave para el control político
Andrés Obando, especialista en comunicación política, sostiene que la Comisión de Fiscalización cumple una función central dentro de la Asamblea Nacional porque se ubica en una de sus dos principales obligaciones: fiscalizar.
Según Obando, esta mesa “ordena, califica, sustancia y recomienda si un proceso fiscalizador debe avanzar o archivarse”. En términos constitucionales, explica, la Asamblea tiene la atribución de fiscalizar los actos de otras funciones del Estado. En el plano político, esa tarea funciona como un contrapeso democrático para exigir explicaciones y activar responsabilidades ante posibles incumplimientos de funciones.
Sofía Guerrero, analista política, coincide en que Fiscalización representa uno de los principales mecanismos de control político del Legislativo. Su función, señala, incluye investigaciones, solicitudes de información, comparecencias y procesos de fiscalización.
Guerrero agrega que la comisión debe actuar como un contrapeso al poder, promover transparencia y exigir rendición de cuentas. Para ella, el problema surge cuando ese rol se subordina a la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea.