La reciente reforma a la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada el pasado 24 de junio y publicada el 26 de junio en el Registro Oficial, desata preocupación y rechazo en diferentes sectores del país, especialmente entre los servidores públicos del sector educación y salud en la provincia de El Oro. La reforma modifica la edad mínima para la jubilación voluntaria con compensación económica, elevándola de 60 a 65 años, lo que según dirigentes sindicales y docentes afecta directamente derechos laborales ya adquiridos y trastoca la planificación de vida de miles de trabajadores públicos.
¿QUÉ CAMBIA Y POR QUÉ PREOCUPA?
La Ley Orgánica de Integridad Pública incorpora modificaciones al artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), que regula la jubilación voluntaria y la compensación económica para servidores públicos.
Antes de la reforma: Los servidores podían retirarse voluntariamente desde los 60 años, siempre que cumplieran con los requisitos del IESS (mínimo 30 años de aportes y edad).
Después de la reforma: Para acceder a la compensación por jubilación, los servidores deberán esperar hasta los 65 años, lo que implica un retraso de cinco años para quienes tenían previsto jubilarse entre los 60 y 64 años.
Aunque el artículo 81 ya señalaba los 65 años como edad tope para ascender en la carrera pública, la compensación económica podía obtenerse desde los 60 años. Este cambio, denuncian los afectados, representa un retroceso en los derechos adquiridos y es un golpe a la estabilidad financiera y calidad de vida de los trabajadores.
Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de
Educadores (UNE): “Esta reforma afecta gravemente a los profesionales de educación, salud y demás servidores públicos. Se están modificando derechos constitucionales y laborales que son progresivos, y deben ir hacia adelante, no hacia atrás. Ahora, para recibir la compensación por jubilación, deben esperar cinco años más, lo que altera su planificación y calidad de vida. Esta situación es atentatoria contra normas nacionales e internacionales sobre derechos laborales”, explicó Quishpe.
El dirigente sindical anunció que la UNE presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que estas reformas sean declaradas nulas y se respeten los derechos de los trabajadores.
Criterios
Giovanni Rogel: La reforma obliga a retrasar la jubilación y afecta la proyección de vida de los servidores públicos. Es un retroceso que pone en riesgo la estabilidad económica y social de quienes han dedicado años al servicio público. Exige justicia social para estos trabajadores.
Leopoldo Chasín: La medida limita la compensación a servidores que no han acumulado recursos suficientes para una jubilación digna. Denuncia incumplimientos en el pago de incentivos jubilatorios y la corrupción que impide que recursos lleguen a los trabajadores. Propone atacar la corrupción y revisar la deuda pública para proteger los derechos laborales.