La Asamblea Nacional aclara que “ya concluyó” el proceso de debate del proyecto de ley de carácter económico urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos que propuso el gobierno de Daniel Noboa Azín.
“La Asamblea Nacional defenderá la Constitución y la ley y ejercerá todas las acciones para evitar que se concrete un acto inconstitucional que afecte a la población con la creación de más impuestos”, manifestó el Legislativo en un comunicado divulgado la tarde de este 30 de noviembre de 2024.
Ello a propósito de que el presidente Daniel Noboa decidió ‘revivir’ el debate del texto al que llamaron como ‘ley antipillos’ y que fue negado y archivado en un primer debate con 84 votos de los asambleístas de los bloques de oposición.
En un oficio enviado el viernes, les recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara y precisa en que el tratamiento de los proyectos de urgencia económica se pueden archivar solo en segundo debate con el voto favorable de la mayoría absoluta.
En ese sentido, les devolvió la resolución y un oficio, fechados el 27 y 28 de noviembre, en el que la Asamblea le informaba de la negativa y archivo de su iniciativa, para que retomen el tratamiento.
En respuesta, el Parlamento aclaró que el artículo 140 de la Constitución les permite modificar, aprobar o negar los proyectos de ley económicos urgentes en el plazo de 30 días.
Si esto no ocurre, el Ejecutivo podrá promulgarla como decreto – ley. Pero, “en este caso, el Parlamento ya se pronunció con la negativa y archivo y, esta decisión fue publicada en el Registro Oficial, por tal motivo, el tratamiento constitucional del proyecto ya concluyó”, reitera el aviso oficial.
El viernes último, el secretario general de la Legislatura, Alejandro Muñoz, expuso que la resolución tomada por el pleno en la sesión del 27 de noviembre, se publicó en el Registro Oficial, por lo que la Presidencia de la República no podría promulgar el articulado a través de la figura del ministerio de la ley.
Esto tomando en cuenta que Noboa remitió el 8 de noviembre su propuesta y los 30 días para tratarla culminarían este 8 de diciembre.
Muñoz alertó que en el caso que Noboa tome esa medida sobre un cuerpo legal que fue negado y archivado por el legislador recaería en un “acto de facto, un acto dictatorial y además un delito, porque estaría simulando y usurpando funciones que no tiene”.
Por su lado, el Ministerio de Gobierno suscribió un boletín en el que, tras calificar a los legisladores de ser parte de la “vieja política” que busca frenar su ‘ley antipillos’, quieren también “dejar la puerta abierta para el financiamiento de los grupos narcodelictivos para que sigan ganando poder”.
“Esto no es un simple trámite legislativo, es un ataque directivo a la seguridad del país”, cita la misiva gubernamental en la que se insiste que “devuelven” a la Asamblea la resolución y el oficio con el que se les notificó del archivo.