Por cuarta ocasión el exvicepresidente Jorge Glas y su defensa asistirán a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En esta ocasión será el 8 de octubre próximo dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en el que se investiga al líder correista y ocho personas más por el delito de peculado.
La fecha fue definida por el conjuez nacional Julio Inga, días después de que la también jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, negó la excusa planteada por su colega de la Sala Penal, debido a que no se justificó la causal invocada. Esta es la cuarta convocatoria que hace Inga dentro de esta causa penal, luego de tres pedidos de diferimiento hechos por la Fiscalía en dos ocasiones (el 16 y 28 de mayo pasado) y por otros procesados (el 26 de junio pasado).
El 12 de mayo pasado se completaron los 120 días definidos para la etapa de instrucción fiscal, en la que se recopilaron los elementos de cargo y de descargo respecto a los procesados: Jorge Glas, como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortíz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico, con quienes se arrancó el proceso penal.
Luego, en abril último, a días de cerrarse los 90 días iniciales de instrucción fiscal, el juez Inga dio paso a la vinculación de Walter Solís, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP) del Gobierno de Rafael Correa; de Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y exfuncionario de Inmobiliar, Milton Daniel M.
La fiscal Diana Salazar ha explicado que los hechos imputados en este caso al exbinomio presidencial de Correa y a los otros exfuncionarios de ese periodo de gobierno radican en el abuso del dinero públicos que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Para la Fiscalía, por un lado Glas y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Coprrespodnabilidad Ciudadana sean usados y destinados en obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas.