El 19 de agosto, la fiscal general Diana Salazar anunció que está en capacidad de enfrentar el juicio político impulsado en su contra desde el correísmo en la Asamblea Nacional. Este se suspendió en consideración al embarazo de riesgo que enfrentaba, según lo indicó en mayo pasado.
«Hemos pedido la reactivación del juicio político por transparencia, con la autorización del médico, que me ha permitido reactivar las actividades con normalidad», aseguró la Fiscal durante una entrevista para Contacto Directo.
A su criterio, «no existen razones ni políticas ni jurídicas para ser objeto de censura», pues responden a la «contundencia» con la que ha actuado la Fiscalía y ha logrado sentencias. Además, recordó que será un proceso técnico-jurídico y la interpelante, Gissela Garzón, ha indicado que no conoce de derecho.
Por eso se mostró segura de poder desestimar las pruebas que sustenten el caso y aseguró que no importa bajo de quién esté la conducción de la Asamblea, pues señaló que los ecuatorianos serán quienes juzguen la actuación de los legisladores.
«(Las razones del juicio político) no son otras que tratar de debilitar a la Fiscal General, justamente cuanto hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, que ha infiltrado a las instituciones, a los políticos y algunos medios digitales»
¿Un narcojuicio?
En la solicitud de reactivación del proceso que lleva la Asamblea en su contra, Salazar lo calificó como narcojuicio y hoy lo ratifica como tal. «Es un término duro», dijo la Fiscal, pero explicó que se debe a que, con casos como Metástasis, se ha develado la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, política y medios digitales.