Ante la preparación de la consulta popular y referéndum de once preguntas, el gobierno de Daniel Noboa Azín aportó $ 3 millones a una deuda de $ 10 millones que se sostiene con el Consejo Nacional Electoral (CNE) de procesos electorales anteriores.
El pleno del Consejo Nacional Electoral sesionó este 15 de febrero de forma virtual para, entre otros puntos, resolver sobre una actualización del calendario electoral para este plebiscito y referendo que se efectuará el 21 de abril del año en curso.
La presidenta, Diana Atamaint suspendió la reunión porque el Plan Operativo Electoral (POE) y la planificación presupuestaria había llegado a los despachos apenas horas atrás y requerían revisarlo.
De las declaraciones públicas de los consejeros José Cabrera y Enrique Pita, se necesitará unos $ 60 millones para llevar a cabo el sufragio al que se convocará a más de 13′654.291 electores.
Antes de que se suspenda la sesión, José Cabrera solicitó que un funcionario del área administrativa exponga la situación económica del organismo.
La información dada al pleno fue que el Ministerio de Economía y Finanzas mantenía una deuda con el CNE que ascendía a los $ 10′ 399.349.
Pero, la mañana de este jueves bajó a $ 7′ 310.722, pues se hizo un abono a las partidas de promoción electoral y proveedores de servicios.
Es decir, se hizo un desembolso por $ 3′ 088.627 de los que $ 2′362.750 fueron a valores impagos por promoción electoral que se difunde en los medios de comunicación durante las campañas políticas; y, a algunos proveedores de servicios al CNE sobre los $ 725.877.