Entre las 00:00 del 17 de septiembre y el 26 de septiembre de 2026, el Bloque de Seguridad reportó la aprehensión de 1.989 personas en Ecuador en el marco del Decreto Ejecutivo 498. Las calles de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro han presenciado el despliegue militar y policial bajo la restricción de movilidad nocturna, pero las dinámicas delictivas muestran una resistencia que desafía el rigor del horario oficial.
Del total general de detenidos, 559 personas fueron aprehendidas de manera directa por infracción a la restricción nocturna de tránsito (violación al toque de queda de 00:00 a 05:00). Las 1.430 personas restantes cayeron durante intervenciones en la franja diurna e intermedia, procesadas por delitos como extorsión, delincuencia organizada, tenencia de armas de fuego y tráfico ilícito de sustancias.
Las fuerzas de orden identifican un perfil predominantemente masculino y joven, concentrado entre los 18 y 32 años. Un segmento relevante corresponde a mandos medios y operativos de bandas transnacionales y locales (como Los Choneros, Los Lobos y células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación). Dentro de las capturas sobresalen dos objetivos de la lista nacional de los «Más Buscados», así como 36 imputados aprehendidos el 24 de septiembre durante una macrorredada internacional contra redes de narcotráfico articulada con agentes de la DEA y el Comando Sur de EE. UU. La presencia de menores de edad aislados en procedimientos de porte de armas e infracción de movilidad refleja la continuidad del reclutamiento juvenil por parte del crimen organizado.
En los diez días transcurridos desde el inicio del toque de queda, los monitoreos periodísticos y los partes diarios de la Policía Nacional computan un estimado de 220 a 250 homicidios intencionales a nivel nacional, manteniendo una media de 20 a 22 muertes violentas diarias.
Los eventos criminales más graves ocurridos durante este periodo exponen un claro cambio en los patrones operativos del crimen:
La macabra jornada del Guayas (26 de septiembre): En menos de dos horas se confirmaron 8 ejecuciones por sicariato en los cantones Lomas de Sargentillo, Daule y Salitre. Los cuerpos de las víctimas, maniatados y con disparos en la cabeza, fueron abandonados en caminos vecinales.
Operativos e incursiones en Isla Mocolí y Durán (24 de septiembre): La intervención internacional dejó enfrentamientos con armas de alto calibre en urbanizaciones exclusivas y zonas suburbanas, donde bandas armadas reaccionaron tras la incautación de más de $42.000 en efectivo y armas de guerra.
Escalada sangrienta en El Oro (Machala y Pasaje): La provincia que registra el repunte más agudo del trimestre vivió múltiples ataques armados dirigidos hacia locales comerciales y vehículos en zonas urbanas, impulsados por disputas por la extorsión a la minería y el acceso a los muelles.
¿Ha disminuido el crimen?
Las cifras gubernamentales y los consolidados del Ministerio del Interior proyectan una caída global del 6,4% en homicidios intencionales a nivel nacional en lo que va de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo, la efectividad del toque de queda es cuestionada por especialistas en seguridad debido al «efecto desplazamiento»:
Adaptación horaria: Los grupos armados han migrado la ejecución de sicariatos a las franjas vespertinas de 18:00 a 23:30, antes del inicio de la prohibición de libre tránsito.
Efecto globo hacia otras provincias: El incremento de violencia en agosto (759 homicidios, la cifra mensual más alta del año) detonó el presente toque de queda, pero zonas sin restricción nocturna como Santa Elena y Esmeraldas experimentaron repuntes en los crímenes de hasta un 90% en comparación interanual.
Entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2026, Ecuador contabiliza un acumulado oficial de 5.676 muertes violentas. Al cotejar este dato con las 6.067 personas asesinadas en el mismo periodo del año 2025, el país muestra un descenso neto de 391 homicidios intencionales (una reducción del 6,4%).
çPese a esta moderada baja en el promedio anual, la curva ascendente registrada entre junio y agosto de 2026 confirmó que la contención inicial perdiere fuerza, forzando nuevamente la instauración de controles nocturnos e intervención militar en los principales enclaves del narcotráfico.