Con 85 votos, la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización a Segura EP, relacionado con presuntas vulneraciones de los protocolos de seguridad y control de acceso a los sistemas de videovigilancia administrados por esta empresa pública en Guayaquil.
El informe fue conocido durante la sesión plenaria n.° 123 y recoge los principales hallazgos de la Comisión de Seguridad Integral, que investigó la instalación y funcionamiento de un punto de monitoreo o “sala espejo” en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil, específicamente en la Dirección de Aseo Cantonal.
Uno de los documentos incorporados al expediente es una solicitud del 20 de noviembre de 2024 para instalar esta sala de monitoreo. El pedido señalaba que se efectuaba para cumplir disposiciones emitidas desde la Presidencia de Segura EP.
Sin embargo, la comisión no encontró una resolución del directorio, una delegación de competencias u otro documento que justificara la instalación del punto de monitoreo ni la habilitación de los accesos al sistema de videovigilancia.
El informe también establece que Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, no fue informado, consultado ni autorizó la instalación del punto de monitoreo.
A partir de estos hallazgos, la comisión concluyó que existen elementos para investigar posibles responsabilidades administrativas, así como indicios que podrían tener relevancia penal. Por ello, recomendó que estos hechos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, además de las entidades competentes para determinar eventuales responsabilidades.
Cuatro hechos señalados por la comisión
La presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, resumió en cuatro los principales hechos identificados durante la fiscalización.
El primero es la existencia de un correo electrónico del 20 de noviembre de 2024, enviado desde la Presidencia de Segura EP, entonces a cargo de Fernando Cornejo, para solicitar la instalación de una “sala espejo” en el Municipio de Guayaquil, fuera del sistema integrado de Segura EP.
El segundo corresponde a la instalación de ese punto de monitoreo sin autorización del ECU911 y sin que se haya ejecutado un proceso de interoperabilidad, según el informe presentado ante el Pleno.
El tercer hecho está relacionado con audios que, según Alarcón, registrarían una reunión entre el expresidente Rafael Correa, el asambleísta Juan Andrés González (RC), el exteniente Ronny Rengel y Fernando Cornejo.
De acuerdo con la presidenta de la comisión, en esa conversación se habría hablado sobre viviendas que debían ser vigiladas y llamadas que debían ser interceptadas. Alarcón afirmó, además, que la voz de Cornejo fue confirmada por el propio exfuncionario.
El cuarto hecho señalado por Alarcón es la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado en torno a Segura EP por una presunta asociación ilícita. La legisladora sostuvo que, además, existirían elementos que podrían configurar otros delitos, entre ellos tráfico de influencias, peculado y acceso no consentido a información.
“Son hechos puntuales de este proceso de fiscalización que nos llevan a un solo resultado: salas clandestinas creadas para perseguir fines y objetivos políticos”, afirmó Alarcón.
La legisladora sostuvo que el proceso permitió identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, cuya determinación corresponderá a las autoridades competentes. En ese sentido, señaló a la Fiscalía, Contraloría y ECU911 como las instituciones que deberán adoptar las acciones correspondientes.
Alarcón pide revisar actuación de Juan González
Durante su intervención, Alarcón también pidió que se adopten medidas dentro de la Asamblea respecto de las actuaciones del legislador Juan Andrés González, a quien ubicó entre los participantes de la reunión registrada en los audios.
La presidenta de la comisión solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que revise la actuación del asambleísta y determine si corresponde adoptar medidas, al considerar que su participación en la reunión estaría relacionada con el anuncio de utilizar una comisión legislativa para realizar un proceso de fiscalización.
Alarcón cuestionó, además, los intereses a los que respondería el legislador y sostuvo que las comisiones de la Asamblea deben utilizarse para legislar y fiscalizar en función del interés público.
González reconoce que es su voz en el audio
Durante el debate en el Pleno, Juan Andrés González (RC) reconoció que la voz que aparece en la grabación incluida en el informe es la suya.
“Por supuesto que es mi voz”, afirmó el legislador, quien defendió que su participación correspondía al ejercicio de sus atribuciones como asambleísta.
González sostuvo que lo señalado en la conversación se relacionaba con un acto de fiscalización dentro de sus competencias y cuestionó las críticas surgidas durante el debate.
Debate divide a los asambleístas
La aprobación del informe generó posiciones enfrentadas dentro del Pleno.
El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) anunció que no respaldaría el documento. Argumentó que la Asamblea Nacional no tiene atribuciones para fiscalizar directamente a un municipio y defendió la autonomía política de los gobiernos locales.
Serrano sostuvo que las eventuales responsabilidades sobre la administración de Segura EP deben ser determinadas por los organismos competentes, principalmente la Contraloría General del Estado y la Fiscalía.
En contraste, el asambleísta Sergio Peña, exintegrante de Revolución Ciudadana y actualmente aliado de ADN, defendió la facultad de la Asamblea para investigar los hechos relacionados con Segura EP.
Desde Revolución Ciudadana, la expresidenta de la Asamblea Viviana Veloz cuestionó el contenido político del informe. Señaló que el Legislativo no debería concentrarse en la creación de “fantasmas políticos” mientras existen otros asuntos que, a su criterio, requieren atención, como el funcionamiento de las unidades especializadas para investigar el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico.
Veloz también sostuvo que la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, debería comparecer ante el Pleno para rendir cuentas.
Sobre el caso Segura EP, la legisladora afirmó que las acusaciones planteadas durante el debate buscan generar una condena política contra Rafael Correa y Aquiles Alvarez.
(I)