La Corte Suprema de Perú confirmó la ampliación de la prisión preventiva por 12 meses contra el expresidente Pedro Castillo (2022-2021), quien ya cumple una condena de 11 años y 5 meses por su fallido intento de golpe de Estado.
Castillo se encuentra investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión mientras ejerció de mandatario del país, motivo por el que tiene vigente una orden de prisión preventiva, a parte de la condena ya impuesta.
La resolución judicial, difundida este miércoles en medios locales, revela que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema afirma que su arraigo domiciliario es «incierto» y el peligro de fuga del investigado se encuentra «vigente» y «agravado».
Los magistrados argumentaron que existen indicios de una pretensión de asilo político por parte de Castillo y también de «una posible sustracción de la justicia dadas las facilidades de apoyo extranjero», ya que su familia está asilada en México.
Por ello, declararon infundado el recurso presentado por la defensa del expresidente para invalidar la extensión de la prisión preventiva.
Un caso de corrupción de gran complejidad
Según el documento judicial, el caso de corrupción por el que está siendo investigado representa una gran complejidad, pues abarca un esquema denominado macroinvestigación que involucra a más de 90 investigados y la revisión de expedientes técnicos en diversos municipios del país.
Las investigaciones comprenden presuntos actos ilícitos cuando Castillo era presidente alrededor de compra de biodiésel por parte de la petrolera estatal Petroperú, presuntos sobornos en la licitación del Puente Tarata III y la emisión de un decreto de urgencia que habría priorizado obras en municipios.
Así, la prisión preventiva se extenderá por un plazo de doce meses adicionales y queda vigente desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027.