Lic. Alonzo Cueva Rojas
La gestión pública se mide por su apego a la ley y su sentido de humanidad. Sin embargo, cuando las decisiones administrativas se instrumentalizan para el disciplinamiento ideológico y la persecución política, el servicio público se desfigura. Esto ocurre hoy en el sector educativo local, donde la reubicación forzosa de una docente hacia la comunidad de Nankais, en el cantón Nangaritza, enciende las alarmas.
Tras emitir opiniones políticas distintas al régimen actual, la maestra fue reubicada a un establecimiento educativo más lejano. Las implicaciones son devastadoras: enfrenta hasta trece horas diarias fuera de su casa debido al deficiente transporte público de la ruralidad. Esta reubicación, lejos de responder a una «necesidad del servicio», se perfila como un castigo encubierto que deja en desamparo a su hogar; ella es madre de dos niños y el soporte de su madre con discapacidad severa. Al alejarla, se vulnera flagrantemente el principio constitucional del Interés Superior del Niño.
Lo más grave es el supuesto desprecio por la legalidad técnica. De manera extraoficial, trascendió que la Unidad de Asesoría Jurídica emitió un informe favorable a los derechos de los menores, advirtiendo que la reubicación era improcedente. No obstante, las instancias locales habrían acudido a la Coordinación Zonal de Loja buscando un patrocinio legal para forzar y justificar la reubicación. Los departamentos jurídicos deben actuar bajo la Constitución, nunca en acatamiento sumiso a las autoridades de turno que, por su naturaleza, son transitorias. Buscar avales a conveniencia corrompe al sistema educativo.
Este caso no es aislado. En los pasillos del magisterio se susurran historias de reubicaciones intempestivas, acoso laboral y sanciones camufladas para silenciar la crítica ciudadana. El miedo a las retaliaciones alimenta la impunidad, por lo que es imperativo romper el silencio. La dignidad del maestro no se negocia ni se arrodilla ante un nombramiento temporal. Denunciar y activar los canales legales es el único camino para detener el atropello.
El caso ya se ventila en sede judicial y cuenta con la intervención de la Defensoría del Pueblo. Mantengo el anonimato de la docente para evitar más amedrentamiento, pero la comunidad civil y el magisterio permanecen vigilantes. Ningún cargo público otorga el derecho de desarmar la vida familiar de un servidor para saciar revanchas ideológicas. Rectificar esta reubicación arbitraria a Nankais no es un favor; es una obligación legal y ética que la autoridad debe asumir de inmediato, antes de que el abuso de poder quiebre la justicia.
¡Justicia para la docencia, protección para la infancia!