El oficialismo Acción Democrática Nacional (ADN) no consiguió los 101 votos requeridos para levantar la inmunidad parlamentaria al asambleísta y coordinador del correísmo Juan Andrés González, para que sea procesado en la justicia por el delito de calumnia.
Cinco legisladores de la bancada de Gobierno: Mishel Mancheno, Janina Rizzo, Steve Villacrés, Ana Belén Tapia y Milton Aguas presentaron querellas en contra de González, ante lo cual tres jueces nacionales solicitaron a la Asamblea Nacional la autorización para procesar al asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC).
La sesión n.º 063 del pleno se instaló cerca de las 14:30 de este lunes, 9 de febrero de 2026, de manera virtual, para conocer dos oficios extendidos por el juez Felipe Córdova por las querellas de Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y de su coidearia Janina Rizzo.
En la votación para el pedido de la querella de Rizzo hubo 71 votos a favor de ADN, 70 en contra de legisladores de la RC y 7 abstenciones; mientras que en la votación para la acción de Mancheno hubo 69 votos a favor, 67 en contra y 8 abstenciones, entre ellos de Esteban Torres y Rosa Torres, legisladores de la bancada de Gobierno.
En el pleno, Rizzo repasó que el legislador de la Revolución Ciudadana (RC) imputó falsamente a los miembros de ADN, calificándolos de terroristas.
“La falsa imputación de un delito, como lo dispone el artículo 182 del COIP, se configura en una calumnia y no puede ser relativizada, minimizada ni normalizada bajo ningún contexto político. Si permitimos que estas acusaciones queden impunes, mañana cualquiera de nosotros podrá ser señalado falsamente sin consecuencia alguna”, dijo la oficialista.
Del debate también participó Fricson George, de la RC, quien sostuvo que judicializar el discurso político implica un riesgo grave para la democracia, pues convierte la crítica en delito y debilita el equilibrio entre funciones del Estado.
El también correísta Juan Pablo Molina rechazó las intenciones de Rizzo y recordó que legisladores de la bancada oficialista también han señalado de terroristas a los de la Revolución Ciudadana.
Por su parte, Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), explicó que la inmunidad parlamentaria de fondo no permite enjuiciar a un asambleísta por sus opiniones emitidas en el ejercicio del cargo; por lo tanto, dijo, no prescribe aún cuando un legislador haya terminado sus funciones.
Serrano recordó que desde 1979 no se ha levantado la inmunidad parlamentaria de ningún parlamentario por querellas, aunque repasó que sí se lo ha hecho por delitos penales.
Posteriormente, inició la sesión n.º 069 para conocer tres pedidos: uno del magistrado Felipe Córdova por la querella presentada por el legislador Steve Villacrés (ADN), otro emitido por el juez Manuel Cabrera por la querella ingresada por Ana Belén Tapia (ADN) y un pedido de la jueza Daniella Camacho por una acción presentada por Milton Aguas, también del oficialismo.
Villacrés manifestó que no es un tema en contra de una bancada, sino que es algo que afecta a la credibilidad de la Asamblea Nacional.
“Hoy, los legisladores tenemos la oportunidad de dar un mensaje muy claro a los ecuatorianos: la investidura parlamentaria no otorga licencia para agraviar ni calumniar a ninguna persona, y mucho menos a un legislador”, enfatizó.
Para este pedido hubo 71 votos a favor, 65 en contra y 8 abstenciones.
A continuación se conoció el oficio remitido por el juez Cabrera sobre la querella de la legisladora Ana Belén Tapia, quien consideró que la inmunidad parlamentaria no es impunidad, pues “fue concebida para proteger a la Función Legislativa de presiones indebidas, no para blindar delitos.”
“La Asamblea debe demostrar que está comprometida con el principio de igualdad ante la ley. Nadie, por el hecho de ser legislador, puede colocarse por encima de ella. La inmunidad protege la voz política, no los actos ilícitos”, dijo.
Para esta moción hubo 70 votos a favor, 67 en contra y 6 abstenciones.