Con la presencia de representantes de asociaciones mineras, propietarios de predios, y actores comunitarios, se desarrolló en Zamora Chinchipe la Asamblea Minera Provincial por la Dignidad de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). El encuentro ratificó las resoluciones adoptadas el pasado 19 de mayo y exigió respuestas inmediatas del Gobierno Nacional, así como la presencia de los ministros de Minería y Ambiente en territorio.
Entre los temas abordados se destacó la necesidad de un nuevo censo minero que permita identificar a los mineros activos y reconozca el derecho preferente de quienes poseen los terrenos. También se solicitó la instalación de mesas técnicas interinstitucionales y comunitarias para garantizar que la reapertura del catastro minero beneficie a los actores históricos del sector y no genere nuevos conflictos sociales o ambientales.
En materia económica, se propuso una tasa de fiscalización diferenciada: 3% para la minería artesanal y 5% para la pequeña minería. Además, se exhortó a los asambleístas de Zamora Chinchipe a impulsar una resolución legislativa que permita revisar esta tasa con enfoque territorial.
Otro punto central fue la exigencia de regularizar más de 820 derechos mineros que, según los asistentes, cumplen con los requisitos legales. Se solicitó también que el Estado garantice el respeto a la normativa vigente, especialmente frente a las operaciones de empresas transnacionales que, según denuncias, no respetan los contratos con los propietarios de fincas.
En relación al caso Cumbaratza, los mineros solicitaron reactivar el proceso de mediación suspendido por el Ministerio de Energía y Minas. Rechazaron categóricamente cualquier intento de entregar las áreas en conflicto a terceros ajenos, lo que —aseguran— afectaría los derechos de más de 10 mil personas.
La asamblea culminó con un plantón en los exteriores de la Gobernación de Zamora, donde los representantes de la MAPE fueron recibidos por el Intendente General de Policía, en representación de la gobernadora Ivonne Panchi. Asimismo, se conformó una comisión que viajará a Quito para entregar oficialmente las resoluciones a las autoridades nacionales.