Aún no hay fecha para que la Fiscalía General exponga en audiencia los cargos por los que busca vincular a Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González en las investigaciones dentro del caso Liga2, en el que se investiga un delito de presunta asociación ilícita.
Antes de oficializar su renuncia como titular de la Fiscalía General, Diana Salazar Méndez pidió a la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho que disponga de fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos, cuyo objetivo sería vincular a Andrés Arauz Galarza, secretario ejecutivo del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) y la exlegisladora también correísta Esther Cuesta al proceso.
Así también a Raúl González Carrión, quien fue designado en el 2022 como titular de la Superintendencia de Bancos; pero, en medio de conflictos políticos en el gobierno de Guillermo Lasso, la justicia ordinaria anuló su selección en el trámite de una acción de protección.
Hasta el cierre de esta publicación, la magistrada no suscribía una convocatoria a la diligencia.
La Fiscalía abrió esta investigación a finales de enero tras una denuncia del titular de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, ya que cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) formaron una mayoría y desconocieron su designación para ese cargo.
El 22 de enero de 2025, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco —destituidos por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE)— sumaron el respaldo de Nicole Bonifaz (aún en funciones) para “ratificar” la designación de Raúl González como superintendente de Bancos hasta el 2027.
Lo hicieron pese a una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que tramitó una acción extraordinaria de protección de González que, si bien reconoció que se vulneraron sus derechos, precisó que “no tenía la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección”.