La Corte Constitucional ha inadmitido, esto es, se ha negado a dar trámite, a una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 457, emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, en el que se designó vicepresidenta de la República a Sariha Moya Angulo, actual Secretaria Nacional de Planificación, después que el Ministerio de Trabajo suspendiera, por cinco meses, de las funciones de vicepresidenta a Verónica Abad (quien fue elegida en la misma papeleta de Noboa).
Esa acción de inconstitucionalidad fue planteada el 14 de de noviembre por los ciudadanos Xavier Veloz Vallejo, Elsa Guerra Rodríguez, Rodrigo Vallejo Fierro y Verónica Silva Reinoso.
Las magistradas Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Daniela Salazar han argumentado que el acto impugnado, o sea el Decreto que nombra temporalmente vicepresidenta de la República a Moya, en lugar de la elegida Verónica Abad, no produce efectos jurídicos abstractos, sino concretos, por lo cual «escapa del objeto del control abstracto de la constitucionalidad». Y que «por tanto, al carecer de objeto la demanda, este Tribunal se abstiene de realizar mayores consideraciones».
El Pleno de la Corte Constitucional también ha dictaminado, respecto a una acción de interpretación propuesta por la Asamblea Nacional, también relativa a la ausencia temporal del presidente Daniel Noboa (cuando empiece la campaña para su reelección) y la ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad (al ser suspendida por el Ministerio de Trabajo), que las tres causales previstas en el artículo 146 de la Constitución son taxativas, esto es que solo pueden ser esas que se mencionan y no otras.
Un recurso pendiente
En ese caso, la Corte ha dictaminado con ocho votos a favor, que «toda vez que las disposiciones consultadas tienen un contenido y alcance claros, no requieren que se emita dictamen interpretativo».
La Corte también ha informado que aún no se ha dado la última palabra sobre si Moya o Abad reemplazarán a Daniel Noboa en la Presidencia de la República, puesto que se se encuentra pendiente el recurso interpuesto por los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, interpuesto este 3 de diciembre, sobre el acuerdo ministerial que suspendió a Abad de las funciones de Vicepresidenta de la República. Los magistrados tienen plazo para pronunciarse hasta fines de diciembre de 2024.