Representantes de las organizaciones humanitarias Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) pidieron este lunes (11.11.2024) a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar penalmente a la junta directiva del Congreso de El Salvador por supuesto incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, señaló que el aviso penal fue presentado a raíz de que se negaron a recibir una petición de las víctimas de atropellos, en el marco del régimen de excepción, sobre el sistema de visitas a cárceles.
«Negaron ese derecho de petición al no recibir el escrito de las víctimas. ¿Hay un incumplimiento de deberes? Sí. La Constitución dice que todo funcionario debe recibir al ciudadano y debe recibir sus peticiones y darle respuesta, el no hacerlo constituye hechos delictivos», apuntó Joya.
La denuncia es contra el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro; las vicepresidentas Suecy Callejas y Alexia Rivas; y la secretaria Marcela Rosales, todos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI). Además, se pidió investigar a Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), y Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos aliados de NI.
Samuel Ramírez, de MOVIR, dijo a periodistas que la Asamblea Legislativa se negó a recibir una solicitud de derogación de cualquier normativa de centros penales que impida las visitas porque «es un derecho que tienen las familias».