Los municipios serán entidades complementarias de seguridad y deberán apoyar en el combate al crimen organizado. Así lo consideró el presidente de la República Daniel Noboa en el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Defensa Nacional que puso en vigencia el pasado 11 de julio, mediante el Decreto Ejecutivo 327, que derogó la anterior normativa de 2009 en donde Rafael Correa eximía a los municipios de esta competencia.
En el primer capítulo, en el documento de ocho páginas y 26 artículos, el mandatario señala que son entidades de apoyo de la Defensa Nacional y que a su vez obliga a las instituciones municipales a que dispongan de recursos humanos, materiales y tecnológicos que contribuyan a enfrentar las amenazas por inminente agresión externa o grave conmoción interna.
«Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) metropolitanos y municipales realizan una actividad complementaria a la seguridad integral que brinda el Estado a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de conformidad con la ley. Su gestión debe articularse a las políticas del Plan Nacional de Seguridad Integral», señala el artículo 26 del reglamento.
Desde el 8 de enero de este año, el gobierno pidió la participación de los gobiernos seccionales en la lucha contra de las organizaciones criminales.
Para abril, Mónica Palencia, ministra del Interior, anunció en una reunión con alcaldes y prefectos que instruirá a los municipios sobre cómo realizar planes de seguridad para frenar al crimen organizado en sus territorios.
Por ejemplo, el Municipio de Quito, tiene una secretaría especializada (la Secretaría de Seguridad).
Así, el nuevo reglamento reafirma que la Policía es una fuerza auxiliar subordinada al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción y emergencia.
Además, Noboa otorgó sesenta días al Ministerio de Defensa para que emita los instructivos y normativa secundaria para aplicar el reglamento y definir cómo deben participar los municipios en las tareas de seguridad.