El 6 de mayo, la asambleísta Mónica Palacios, del partido Revolución Ciudadana, fue sancionada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) con una suspensión de 60 días sin sueldo. Esta medida se tomó tras una denuncia de acoso laboral presentada por un funcionario legislativo que trabajaba en el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN). La resolución, aprobada con cinco votos a favor y dos en contra, encontró a Palacios culpable de una falta administrativa grave según el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La queja, presentada por Emilio Flor Zambrano, funcionario de ADN, alegaba que el acoso laboral había comenzado durante una sesión en diciembre de 2023. En esa ocasión, Palacios retiró el micrófono a otra legisladora y comenzó a hablar sin autorización, lo que llevó al funcionario a solicitar el micrófono, desencadenando una serie de eventos que culminaron en acoso laboral.
La resolución del CAL implica la suspensión de la remuneración de Palacios durante los 60 días, de acuerdo con la ley. La Asamblea Nacional también designó a Jorge Miranda Idrovo como su reemplazo durante este período. (Fuente: El Universo)