En la madrugada del 18 de abril de 2024, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una organización delictiva dedicada a reclutar funcionarios policiales en servicio activo en unidades antinarcóticos de la Policía Nacional del Ecuador, con el objetivo de facilitar información relacionada con los procesos investigativos a cambio de grandes cantidades de dinero.
La operación, denominada «GRAN FENIX 21», fue ejecutada por la Unidad Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), con el apoyo de la Unidad Nacional de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT 1) de la Fiscalía del Guayas, el Departamento de Vigilancia, Monitoreo y Análisis de Comunicaciones, GEMA, UNIT, y Criminalística.
La investigación, que duró un año y medio, permitió evidenciar que esta organización delictiva, liderada por Marco Vinicio J.T. y Daniel Humberto M. A., contaba con nexos y antecedentes con el tráfico ilícito de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización.
La organización intentó reclutar a varios funcionarios de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado, ofreciéndoles cantidades de dinero que oscilan entre los 100 a 200 mil dólares.
La operación resultó en la detención de nueve (09) ciudadanos ecuatorianos, entre los que se encuentran dos ex miembros de la Policía Nacional, José Luis B. M. y Elton Alexander A. V., quienes fueron dados de baja por estar inmersos en delitos como tenencia ilegal de armas y enriquecimiento privado no justificado.
Además, se ejecutaron 31 allanamientos en varias provincias del Ecuador, en donde se encontraron indicios relacionados a la investigación, como dinero en efectivo, armas de fuego, chalecos antibalas, teléfonos celulares, laptops, y radios motorola.
Esta operación demuestra el compromiso de la Unidad Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado para enfrentar este tipo de estructuras delictivas transnacionales que pretenden establecer en nuestro país su centro de operaciones para desarrollar actividades de narcotráfico y corrupción, logrando identificar, evidenciar y encaminar el procesamiento judicial de ciudadanos y funcionarios policiales que se encuentran actuando al margen de nuestra legislación.