El 88 por ciento de asesinatos de los defensores ambientales en el mundo, en 2022, fueron perpetrados en América Latina y el Caribe y, dentro de esta región, los países con más casos fueron Brasil, Colombia, México y Honduras, según datos del Foro de la Tierra LAC 2024 difundidos este lunes.
De acuerdo a datos de Land Matrix América Latina y el Caribe, difundidos en comunicado del foro, en la actualidad existen 1.405 casos de grandes transacciones de tierra que implican 51,5 millones de hectáreas, el nivel más alto en toda su historia.
La información precisó que el alto número de persecuciones y asesinatos de defensores ambientales y el aumento de territorios concesionados, sin consulta previa a las comunidades, «responde al avance de industrias extractivas», que, por un lado, buscan energías limpias, pero también «menoscaba» los derechos territoriales de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El coordinador de Land Matrix, Punto Focal LAC / Fundapaz (Argentina), Martín Simón, citado en el comunicado, apuntó que es «muy importante lograr el vínculo entre las comunidades campesinas y la tierra para preservar los bosques» porque en su opinión «en casi todos los extractivismos, la naturaleza se destruye».
Casos emblemáticos
Por otro lado, el Foro presentó tres casos emblemáticos de extractivismo en la región, el primero de los cuales es el de litio en Jujuy (Argentina), a la cual se oponen los pueblos colla, quechua, aymara, atacama y chicha.
Nicolás Avellaneda, integrante de la Fundación Plurales y facilitador de la Coalición Nacional por la Tierra (CNT) de Argentina, informó que Argentina, junto a Bolivia y Chile, produjeron en 2020 el 29,5 por ciento de toda la oferta mundial de este mineral «clave para la transición energética» a partir de salares.
Entre 2015 y 2020, la producción de litio se elevó en más del 72 por ciento y en 2024 y 2025 se espera que se vuelva a duplicar dicha cantidad demandada por el mercado, hasta bordear las 200.000 toneladas al año, señaló.
En el segundo caso, la minería de oro ha provocado en Nicaragua el alza de casi 75 por ciento de concesiones y de más de 500 por ciento del volumen de oro exportado, en los últimos 15 años.
La investigadora Carmen Corea reveló que actualmente el 7 por ciento del territorio nicaragüense «está disponible para la extracción minero-metálica», con más de 850.000 hectáreas concesionados en zonas de amortiguamiento en el corredor biológico Bosawás.
«La expansión de la minería de oro en Nicaragua es el resultado de interacciones complejas en un contexto de relaciones de poder que van más allá del marco normativo», afirmó Corea, tras mencionar que los dos grandes grupos que concentran la actividad aurífera son Hemco (158.590 hectáreas en 26 concesiones) y Calibre Mining (57.600 hectáreas).
El tercer caso analizado en el foro fue la lucha de los pueblos mapuche-williche de los territorios Puyehue, Río Bueno, San Pablo y La Unión, asentados en torno al río Pilmaiquén, frente a las centrales hidroeléctricas Osorno y Los Lagos del Sur de Chile.
La instalación de las dos hidroeléctricas, a cargo de la transnacional noruega Statkraft, inundarían 191 hectáreas del territorio, en un proceso aprobado por el Estado chileno sin consulta previa, libre e informada, entre otros requisitos, según denunció la coordinadora del Programa Derechos de los Pueblos Indígenas en Observatorio Ciudadano (Chile), Karina Vargas.
«Para explotar estos recursos es necesario multiplicar el control del territorio y cambiar la territorialidad», declaró el integrante de Land Matrix LAC, Bernardo Mancano.
Añadió que en estos tres casos se ha visto que las corporaciones vienen a «despojar» a las comunidades, generándose la «desterritorialización de las personas».
ct (efe, el mundo)