El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la proforma del presupuesto general del Estado (PGE) de 2027, que el Gobierno estructuró en $ 50.213 millones, dentro de los cuales se contemplan cerca de $ 3.000 millones para el Plan Anual de Inversiones (PAI).
La sesión plenaria 137 se desarrolló la tarde del viernes, 6 de noviembre. Los legisladores debatieron el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, que tuvo a cargo el análisis y tratamiento de la proforma.
El documento recomendó aprobar el presupuesto fiscal; además, plantea otras sugerencias para ciertas asignaciones y que la Asamblea dé seguimiento a la ejecución presupuestaria.
La votación en el pleno se definió con 83 votos a favor, 61 votos en contra y 2 votos en abstención.
La proforma se compone de $ 34.427 millones en ingresos totales y $ 38.838 millones en gastos. La diferencia para cubrir los gastos constituye un déficit fiscal de $ 4.412 millones, que equivalen al 3,1 % del producto interno bruto (PIB).
El déficit estimado muestra una disminución de $ 1.014 millones frente al proyectado de 2026.
Más temprano, antes de la instalación del pleno, el presidente de la República, Daniel Noboa, destacó que el déficit proyectado para 2027 es bajo pese a las complejidades externas —por la guerra en Irán— y a los efectos del fenómeno El Niño.
“Para lo duro que ha sido este año, por el tema de la guerra con Irán, y para lo complejo que se viene con el fenómeno de El Niño, (el déficit) es pequeño”, dijo el mandatario la mañana del viernes, en una entrevista en la radio FM Mundo.
El presupuesto 2027 se construyó sobre la base de supuestos macroeconómicos. El PIB nominal se estima en $ 142.725 millones; se prevé un crecimiento real del PIB en 2,5 %; el crudo se exportaría a un precio promedio estimado de $ 66 por barril; la producción petrolera anual llegaría a los 165,6 millones de barriles; y se pronostica una inflación anual promedio del 2,2 %.
Al Plan Anual de Inversiones se asignarán $ 2.997,8 millones, monto que representa un incremento del 23 % ($ 561 millones) en comparación con el presupuesto codificado a septiembre de 2026.
Con esos recursos se financiará la ejecución de 301 proyectos distribuidos en cinco ejes: social, económico, ambiente, institucional y riesgos.
Los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) recibirán en total $ 4.346 millones, por transferencias corrientes y de capital. Para este grupo se elevó el monto de asignaciones en $ 618 millones.
Para salud pública se entregarán $ 5.538,53 millones. Y para educación inicial, básica y bachillerato, $ 6.681 millones. Universidades y escuelas politécnicas contarán con $ 1.652 millones (el presupuesto tiene un incremento de $ 129 millones).
A las instituciones de seguridad social se desembolsará en el año un total de $ 3.955 millones, de los cuales $ 3.070 millones irán al IESS, $ 546 millones al Issfa y $ 339 millones al Isspol.
Los bonos, pensiones y otros beneficios sociales para la población en situación de vulnerabilidad contarán con un presupuesto de $ 1.470,9 millones.
En el frente de seguridad, para el Ministerio de Defensa se destinarán $ 1.945,57 millones, mientras que el Ministerio del Interior recibirá $ 175 millones.
Por el lado de los ingresos proyectados, el Gobierno estima obtener $ 24.863 millones en ingresos permanentes, donde se destacan $ 20.703 millones por recaudación tributaria.
En ingresos no permanentes se calculan $ 9.564 millones, que incluyen recursos provenientes de venta de petróleo y monetización de activos.
Los gastos totales de $ 38.838 millones están compuestos por $ 25.896 millones en egresos permanentes y $ 12.942 millones en no permanentes.
En tanto, la proforma calcula que el financiamiento público ascenderá a $ 13.671 millones a través de deuda interna y externa. De esos fondos, el Gobierno prevé conseguir $ 2.000 millones mediante una emisión de bonos en los mercados internacionales de capitales.
Debate
La asambleísta ponente del informe fue Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Destacó que el presupuesto fiscal presenta un incremento de cerca de $ 4.000 millones.
Señaló que son más recursos para obras y proyectos que beneficiarán a la población, especialmente a los jóvenes.
Resaltó incrementos en varios rubros, como inversiones, salud, universidades, ayudas económicas, trabajo y desarrollo humano, seguridad entre otros.
Con ello, Centeno refutó comentarios y críticas que sostienen que el presupuesto 2027 reduce asignaciones en sectores clave.
Además, resaltó que la eficiencia en la recaudación tributaria y el manejo responsable de la economía permitirán al país acceder a financiamiento en condiciones favorables.
“Evidenciamos que existe una mejora en la macroeconomía, pero también en la microeconomía”, destacó la asambleísta y enfatizó que el presupuesto demuestra que la prioridad del Gobierno es que los recursos lleguen a la población.
La discusión en el pleno de la Asamblea tuvo intervenciones a favor y en contra de la proforma.
El legislador Diego Salas (RC) cuestionó las cifras oficiales. Dijo que el presupuesto contiene estimaciones de ingresos y gastos que no se apegan a la realidad, por lo que el déficit fiscal sería más alto.
Jorge Chamba (ADN) indicó que el Gobierno ha asignado $ 650 millones para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, de los cuales el 40 % irán a salud y lo demás se repartirá en infraestructura, educación, medioambiente, entre otros frentes.
Noemí Cabrera (RC) criticó que hubo poco tiempo para el análisis de la proforma, que se desarrolló durante tres días. Además, dijo que el tema no debía ser procesado por la Comisión de Desarrollo Económico, sino por otra mesa legislativa. Y que no se convocó a comparecer a representantes de sectores sociales.
El debate se cerró tras dos horas, en las cuales intervinieron doce asambleístas.
La aprobación de la proforma y la programación cuatrianual se dio dentro de los plazos previstos en la Constitución.
El Gobierno entregó a la Asamblea los documentos el pasado 30 de octubre y el Legislativo concluyó el trámite correspondiente una semana después (tenía 30 días para hacerlo).
La víspera, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 527, del 29 de octubre, que modifica de forma excepcional la regla fiscal que ordena que los egresos permanentes deben cubrirse con ingresos permanentes.
Con el decreto se permite que en el presupuesto de 2027 se puedan financiar egresos permanentes con ingresos no permanentes, únicamente para los sectores de salud, educación y justicia.
El presupuesto fiscal entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, tras su publicación en el Registro Oficial.