En la mañana de este viernes 30 de octubre de 2026, Guayaquil fue escenario de un despliegue de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional del Ecuador. Un equipo de agentes de investigación y peritos ingresó de manera simultánea a las instalaciones del Palacio Municipal y a la sede central de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) en el marco de una investigación abierta por el presunto delito de peculado.
Según el sitio de El Universo, cercano al oficialismo, los allanamientos son parte de una investigación por presunto peculado en la que estarían involucrados David Alvarez y Armando Ortega, primo y abogado del alcalde Aquiles Alvarez, que se encuentra detenido en a cárcel de El Encuentro, acusado por la Fiscalía de tres delitos, en los cuales, en ninguno tiene condena de última instancia.
David Alvarez y Armando Ortega no son funcionarios municipales, pero, según El Universo, tendrían una fuerte influencia en estas entidades y responderían a directrices del alcalde. Estos dineros se estarían destinando a la campaña de Fiorella Icaza, quien es candidata a la Alcaldía de Guayaquil por el correísmo.
El operativo se llevó a cabo bajo un estricto resguardo policial y afectó temporalmente el desarrollo habitual de las actividades administrativas en los edificios intervenidos.
La diligencia se ejecutó amparada en la figura procesal de acto urgente, contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador.
Objetivo de la medida: Permitir a las autoridades actuar con rapidez ante la sospecha de una infracción para recopilar, fijar e inmovilizar elementos de convicción antes de que puedan ser alterados, ocultados o destruidos.
La Fiscalía recabó documentación física relacionada con procesos administrativos y de contratación, así como respaldos digitales de servidores informáticos, correos institucionales y soportes magnéticos.
Al tratarse de un acto urgente enfocado en el aseguramiento de indicios y evidencia, la diligencia inicial se concentró en la recolección de pruebas materiales e informáticas sin que de inmediato se formalice una instrucción fiscal contra funcionarios específicos.