El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 13 de octubre de 2026 la censura y destitución de David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras finalizar el trámite de juicio político en su contra por presunto incumplimiento de funciones.
La moción que selló la salida del funcionario alcanzó 84 votos afirmativos, superando el mínimo requerido de 77 apoyos. La base de la votación estuvo liderada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y legisladores aliados. Por su parte, la sesión parlamentaria registró 4 votos en contra y 55 abstenciones, provenientes principalmente de la Revolución Ciudadana (RC).
La acusación: Supuesta reunión secreta en Cumbayá
El proceso político fue impulsado de manera formal por el legislador Sergio Peña —exintegrante del correísmo y actual aliado del bloque de ADN—. La acusación central argumentó que Rosero incurrió en un conflicto de intereses al mantener una presunta reunión privada el pasado 5 de junio en una vivienda en Cumbayá.
De acuerdo con la interpelación, el encuentro ocurrió con Inés Maritza Romero, quien en ese entonces constaba como postulante dentro del concurso nacional para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Se le acusó a Rosero de utilizar su alta investidura para generar un trato preferencial o ventajas indebidas hacia la candidata. Como sustento de los cargos se aportaron bitácoras de geolocalización vehicular (GPS), fotografías, videos y análisis de metadatos.
Defensa cuestionó validez de las pruebas
Durante su comparecencia, David Rosero descalificó el origen de la denuncia, asegurando que el expediente se estructuró a partir de material manipulado e imágenes editadas mediante inteligencia artificial. Asimismo, su defensa técnica esgrimió las conclusiones de un informe pericial de morfología e identidad humana que exponía limitaciones técnicas para identificar plenamente a los sujetos captados en las imágenes. Tanto Rosero como Romero negaron en todo momento que dicha reunión hubiera tenido lugar.
Pese a los alegatos de descargo de la defensa y los reclamos de algunos legisladores que criticaron supuestos atropellos procedimentales en la mesa legislativa, la mayoría parlamentaria comandada por el bloque de gobierno consideró válidos los indicios de falta de transparencia para destituir al funcionario. Con esta resolución, el CPCCS experimenta una nueva baja en sus filas en medio de una constante pugna política e institucional por los concursos de selección de autoridades públicas