Por: Lic. Alonzo Cueva Rojas
Analista Político de Zamora Chinchipe
La Amazonía ecuatoriana sufre una paradoja violenta: ser la gallina de los huevos de oro que financia el presupuesto nacional, mientras sus habitantes son condenados a mendigar las migajas de su propio suelo. Hoy, bajo la sombra de una tramposa reforma a la Ley Amazónica impulsada por el oficialismo y su sumisa bancada de ADN, nos enfrentamos a un descarado intento de centralismo. Esta propuesta no busca el desarrollo regional; es un atraco institucional que busca el control absoluto y el sometimiento de nuestros territorios.
La actual ley reemplazó a la histórica Ley 010, una normativa que guardaba un principio sagrado: la asignación automática y directa de recursos a sus beneficiarios, sin intermediarios ni vasallajes de burócratas de escritorio. Sin embargo, el modelo actual del Fondo Común burocratizó este derecho, obligando a los prefectos, alcaldes y presidentes de los GAD parroquiales amazónicos a peregrinar hacia El Puyo con proyectos bajo el brazo, en una condición de mendicidad institucional inaceptable ante la Secretaría Técnica.
El nudo crítico más alarmante de la reforma de ADN es la reestructuración del Consejo de Gobierno de la CTEA. Con un desprecio absoluto a la descentralización, el Gobierno pretende excluir por completo a los GAD amazónicos de las instancias de decisión real. Al configurar un Consejo Directivo integrado exclusivamente por delegados ministeriales, la Ley Amazónica dejaría de ser una conquista histórica para convertirse en una ventanilla de chantaje y discrecionalidad política del régimen. Pretenden engañar a la región con «Consejos Consultivos» sin voto vinculante. ¡Una burla sangrienta!
Esta asfixia centralista configura una realidad criminal. Los datos de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la región son una bofetada a nuestra dignidad: Orellana registra un desgarrador 68,7%, Morona Santiago el 65,4%, Napo el 61,7%, Sucumbíos el 59,2%, Pastaza el 52,9% y nuestra Zamora Chinchipe el 50,1%. ¿Cómo se atreve el centralismo a saquear a Zamora Chinchipe, convertida en la tercera potencia fiscal del país por el ‘boom’ minero de Mirador y Fruta del Norte, mientras la mitad de nuestra población carece de agua potable o vialidad digna? El centralismo nos ha hipotecado futuro: la región ha dejado de percibir aproximadamente $1.548 millones de dólares por la no entrega del 60% de las regalías mineras y estratégicas.
El propio Ejecutivo reconoció este despojo al emitir el Decreto Ejecutivo N.º 273, admitiendo matemáticamente que cerca de $40 millones anuales de regalías se quedaban retenidos en el tesoro nacional o alimentando redes de corrupción que son un secreto a voces. De nada sirve que un decreto reconozca los fondos si la reforma de ADN busca que esos recursos sigan bajo el filtro discrecional de los ministerios.
Frente a esta arremetida, la tibieza es complicidad. Necesitamos despertar colectivamente, indistintamente de quienes ocupen provisionalmente Carondelet o los GAD locales, y sin importar su bandera política. Los recursos de esta ley son un derecho territorial inalienable para satisfacer necesidades impostergables.
Por ello, es un deber ciudadano exigir cuentas a nuestros asambleístas, y de manera frontal a la legisladora del oficialismo de ADN en Zamora Chinchipe. Comparezcan ante sus mandantes y expliquen el oscuro trasfondo de esta reforma. El poder es transitorio y efímero; quienes hoy gozan del régimen mañana no estarán, pero el daño institucional quedará consagrado en la ley.
La solución no es darle más garras al monstruo centralista; es fusionar el Fondo Común y el Fondo de Desarrollo Sostenible, y que el dinero se transfiera de manera automática y directa a cada GAD respetando sus competencias. ¡A la Amazonía se la respeta!