Eduardo Carmigniani Valencia, uno de los 20 procesados, como presunto cómplice, por supuestos sobornos pagados por la empresa china Synohidro para lograr la adjudicación del contrato para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, ha dicho hoy en un video difundido en X, que respecto a él el fallo del tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que será leído este viernes, demostrará «si en el Ecuador existe una justicia independiente del poder político que frene cualquier intento de persecución».
Entre los procesados en el Caso Synohidro, se encuentra el expresidente Lenín Moreno. Según la Fiscalía, la empresa habría desembolsado unos 76,1 millones de dólares entre 2010 y 2018. El fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, pidió condenas —seis años y seis meses para los autores directos, con agravantes— y otras sanciones, incluida reparación integral al Estado.
«Mañana, 28 de agosto de 2026, los jueces Cabrera, Inga y Camacho de la Corte Nacional de Justicia deberán decidir sobre mi situación legal en el caso Sinohydro, después de más de tres años de haberse iniciado un proceso en el que jamás debía haber sido involucrado.
Nunca he sido empleado público, por lo que no puedo haber sido sobornado. Y de otro lado, ni la Fiscalía se ha permitido sostener a quién pude haber sobornado.
Pero no solo eso: la perito de la propia Fiscalía, luego de revisadas todas mis cuentas, dijo que de ahí no había salido ni medio centavo de dólar a ningún funcionario.
Durante más de tres años he tenido que defenderme entonces de una acusación absurda que no se sostiene en una sola prueba. Y mi respuesta ha sido siempre la misma. He tenido absurdamente que hasta demostrar mi inocencia con documentos y auditorías.
Si mañana la sentencia se dicta con independencia y conforme al derecho, no tengo nada que temer. Pero sí quiero ser claro en algo: lo que está en juego mañana no es solamente mi situación personal. También está en juego la seguridad jurídica del Ecuador, porque un sistema de justicia que condena sin pruebas no comete una injusticia solamente en contra de una persona. Envía al mundo un mensaje mucho más grave: que en el Ecuador alguien puede ser condenado aun cuando los propios peritos de la Fiscalía hayan dicho que no han encontrado prueba de ningún delito.