La Justicia española aprobó la extradición a Ecuador de William Jofre Alcívar Bautista, alias ‘Comandante Willy’, señalado como uno de los cabecillas de la banda criminal Los Tiguerones, a cambio de ofrecer garantías de seguridad en las cárceles. Así lo resolvió la Audiencia Nacional de España.
En una resolución emitida este martes 24 de junio, se condicionó la extradición a que Ecuador, en un plazo de tres meses, garantice de forma efectiva el derecho a la vida y la integridad personal del procesado.
El auto señala que, conforme a la legislación ecuatoriana, los hechos atribuidos a ‘Comandante Willy’ serían constitutivos de un delito de terrorismo, tipificación que también encuentra correspondencia en el Código Penal español. Se le acusa de haber participado en el asalto armado al canal TC Televisión, en Guayaquil, perpetrado el 9 de enero de 2024.
Los hechos por los que Ecuador solicita su extradición ocurrieron cuando un grupo de más de diez miembros de Los Tiguerones, encapuchados y armados con fusiles, granadas y explosivos, irrumpió en plena transmisión en vivo del noticiero.
Una vez dentro procedieron a neutralizar al personal, para posteriormente amenazar a uno de los presentadores con armas de fuego apuntando a su cabeza y colocando explosivos en el bolsillo de su chaqueta con el fin de que solicitara de rodillas que no le hicieran daño.
«En dicho acto terrorista, los trabajadores del canal fueron obligados a solicitar a los miembros de la Policía Nacional que abandonaran las instalaciones», concluye el relato del expediente de extradición.
En su resolución el tribunal desestimó todos los argumentos planteados por la defensa para oponerse la extradición.
No obstante, consideró que debido a la situación de violencia en cárceles en Ecuador, es necesario exigir unas garantías para proceder a la entrega.
En concreto, la condiciona a que en el plazo de tres meses las autoridades ecuatorianas «presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios».
Igualmente, «que la situación de las prisiones se ha normalizado, atendiendo a lo que al respecto dictaminen los órganos de observación especializados previstos en el sistema de protección regional de los derechos humanos».