El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, en Quito, admitió a trámite este viernes, 20 de junio, una queja presentada el pasado, 16 del presente mes, por el parlamentario oficialista, Andrés Castillo, en contra de la asambleísta correísta, Mireya Pazmiño.
Cinco miembros del CAL consideraron que la denuncia cumplía con los requisitos formales establecidos en el Reglamento para la Sanción de Faltas Administrativas, por lo que fue aceptada.
La queja se basa en declaraciones que, según Castillo, Pazmiño habría realizado el anterior jueves, 12 de junio, fuera de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, en las que lo calificó de “fascista”.
Castillo solicitó que se inicie el proceso sancionador conforme al artículo 170, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que contempla la suspensión sin sueldo por un período de entre nueve y treinta días, en casos de faltas administrativas graves.
Se ordenó a la Secretaría General notificar a la asambleísta Pazmiño, quien deberá presentar su descargo en un plazo máximo de tres días.
Auditoría a Progen Industries y Austral Technical Management
El CAL decidió que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social será la única responsable de continuar con el proceso de fiscalización de los contratos firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y las empresas Progen Industries y Austral Technical Management.
Adicionalmente, se ordenó a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad no intervenir en este proceso, respetando las competencias exclusivas asignadas.
Esta resolución se basa en lo establecido en el artículo 26, numeral 3, de la LOFL, que estipula que cuando una comisión legislativa asuma el conocimiento de un proceso de fiscalización, ninguna otra comisión podrá citar a funcionarios o autoridades sobre el mismo tema.