Con el dictamen abstentivo emitido por la Fiscal\u00eda General del Estado a favor de Mar\u00eda Jos\u00e9 Lapo Capa y V\u00edctor Samuel Vega Noblecilla, dentro del caso Plaga solo quedar\u00e1n siendo procesadas 29 personas por delito de delincuencia organizada. En agosto pasado se cerraron los 120 d\u00edas de instrucci\u00f3n fiscal que se determinaron para esta causa penal.<\/p>\n
El dictamen abstentivo de Fiscal\u00eda se\u00f1ala que, al \u201cno poder mantener de forma fehaciente la acusaci\u00f3n\u201d contra Lapo, una funcionaria judicial de la provincia de El Oro, y Vega, un abogado en libre ejercicio, se emite el respectivo dictamen abstentivo y se solicita al juez de la causa revocar todas las medidas cautelares de car\u00e1cter personal que pesan sobre ellos.<\/p>\n
El 3 de abril pasado arranc\u00f3 el caso Plaga, una vez la Fiscal\u00eda realiz\u00f3 allanamientos en las provincias de Guayas, Chimborazo, Pichincha, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, El Oro, Tungurahua y Azuay. Ah\u00ed se logr\u00f3 detener a las primeras catorce personas a ser procesadas por delincuencia organizada. Terminados los cuatro meses de instrucci\u00f3n fiscal, fueron 31 las personas que hac\u00edan parte de la causa en calidad de sospechosas.<\/p>\n
Plaga fue investigado inicialmente por un fiscal provincial, el cual estaba tras actos de corrupci\u00f3n cometidos por parte de jueces, secretarios, polic\u00edas, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios p\u00fablicos que habr\u00edan intervenido en el otorgamiento ileg\u00edtimo de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.<\/p>\n
Luego el caso pas\u00f3 a manos de la fiscal general, Diana Salazar, por el fuero de Corte Nacional de tres jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas que finalmente fueron vinculados el 30 de junio pasado, junto con otras catorce otras personas.<\/p>\n
La teor\u00eda de Fiscal\u00eda asegura que en Plaga la red delictiva indagada captaba a sus integrantes a trav\u00e9s de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que internos, muchos de ellos con perfiles de alta peligrosidad, obtengan libertad a trav\u00e9s de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones.<\/p>\n
En Plaga una buena parte de los 31 procesados ten\u00edan cargos como jueces y abogados en libre ejercicio. De ellos, hasta el momento, tres jueces destituidos por el CJ, un exfuncionario penitenciario, tres abogados en libre ejercicio y un exdirector de la Escuela de la Funci\u00f3n Judicial en la presidencia de Wilman Ter\u00e1n en la Judicatura han rendido su testimonio anticipado, en el que han reconocido haber realizado acciones irregulares para liberar a cambio de dinero, por amenazas o pensando que los salvar\u00edan en procesos administrativos en curso.<\/p>\n
Estos ocho procesados que rindieron testimonio anticipado desde este martes, 21 de enero, deber\u00e1n enfrentar una audiencia de procedimiento abreviado ante el conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) \u00c9dison Cantos. \u00c9l deber\u00e1 dar respuesta a once solicitudes de procedimiento abreviado, es decir, buscar un juicio r\u00e1pido al reconocer su participaci\u00f3n en los hechos imputados.<\/p>\n
En la lista de convocados a audiencia de procedimiento abreviado est\u00e1n los abogados en libre ejercicio Lenin Vimos, Hugo Alexander L. O., Sim\u00f3n G. T.; Michael Hern\u00e1ndez, exdirector de la Escuela de la Funci\u00f3n Judicial del CJ, cuando Wilman Ter\u00e1n, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Met\u00e1stasis, presid\u00eda la Judicatura; los exjueces de Manab\u00ed y Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas Joffre R., Jorge A. y \u00c1ngel Harry L. V.; Omar Israel J. B. y Jos\u00e9 M. B., exfuncionarios del Servicio Nacional de Atenci\u00f3n a Personas Privadas de la Libertad (SNAI); y el exfuncionario del Centro de Privaci\u00f3n de la Libertad (CPL) Azuay n\u00famero 1 Xavier A.<\/p>\n
A este grupo tambi\u00e9n se suma la solicitud de acogerse a un juicio r\u00e1pido presentada al fiscal general subrogante, Wilson Toainga, por parte de la defensa del polic\u00eda Marco Patricio C. C.<\/p>\n
En los testimonios anticipados de, por ejemplo, los exjueces \u00c1ngel Lindao, sentenciado en Met\u00e1stasis, Joffre R., Sim\u00f3n G. o el abogado Omar J., se apunt\u00f3 a los abogados Len\u00edn Vimos y Christian R., exabogado del narcotraficante Leandro Norero, como quienes manejaban a jueces, funcionarios penitenciarios y asistentes judiciales que fueron parte de casos en los que se dieron acciones de protecci\u00f3n y medidas cautelares basadas en certificados m\u00e9dicos falsos y manipulaci\u00f3n del sistema de justicia.<\/p>\n
Justamente Christian Geovanny R., Gary Fabricio P. y Hugo Marcelo A. solicitaron al conjuez Cantos que d\u00e9 paso a la revisi\u00f3n y sustituci\u00f3n de las medidas cautelares de prisi\u00f3n preventiva que pesan sobre ellos. Luego de un an\u00e1lisis, el magistrado penal rechaz\u00f3 las pretensiones y ratific\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva que es cumplida por Gary P. y Hugo A., pero no por Christian R., quien es visto como pr\u00f3fugo de la justicia y tiene un llamado a juicio en el caso Met\u00e1stasis en suspensi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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