Concejales de oposici\u00f3n denunciaron de manera p\u00fablica que la mayor\u00eda oficialista en el Concejo Metropolitano, af\u00edn al movimiento Revoluci\u00f3n Ciudadana (RC), mantiene un bloqueo sistem\u00e1tico contra los procesos de fiscalizaci\u00f3n y denuncias dirigidas a la administraci\u00f3n del alcalde Pabel Mu\u00f1oz.<\/p>\n
De acuerdo con los ediles de oposici\u00f3n, entre ellos Andr\u00e9s Campa\u00f1a, Michael Aulestia y Andr\u00e9s Castillo, la bancada corre\u00edsta funciona como un bloque de contenci\u00f3n institucional ante las crecientes sospechas de irregularidades en el cabildo. La pugna interna subi\u00f3 de tono tras los recientes operativos de la Fiscal\u00eda General del Estado, que allan\u00f3 dependencias del municipio y de la Empresa P\u00fablica Metropolitana de Movilidad y Obras P\u00fablicas (Epmmop) en el contexto de una investigaci\u00f3n por presunto peculado en contratos de obra p\u00fablica.<\/p>\n
El detonante de la confrontaci\u00f3n
\nLas fricciones en el seno del Concejo se agudizaron luego de que el concejal Andr\u00e9s Campa\u00f1a formalizara una denuncia penal ante la Fiscal\u00eda en contra de Mu\u00f1oz por presunto peculado. El caso surge de los se\u00f1alamientos contra una asesora de alcald\u00eda que supuestamente coordinaba de forma simult\u00e1nea actividades del Municipio y tareas directivas nacionales de la Revoluci\u00f3n Ciudadana, lo que configurar\u00eda una aparente duplicidad de funciones y desv\u00edo de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
Ante esta y otras solicitudes de transparencia \u2014como la fiscalizaci\u00f3n de contratos viales, compras de recolectores de basura e irregularidades laborales propuestas por ediles como Andr\u00e9s Castillo\u2014 la respuesta del bloque mayoritario ha sido un\u00e1nime: archivar o dilatar los debates internos.<\/p>\n
Argumentos cruzados: \u00bffiscalizaci\u00f3n o persecuci\u00f3n?
\nLa oposici\u00f3n sostiene que el Concejo est\u00e1 perdiendo su facultad democr\u00e1tica de control. \u00abNuestro deber fiscalizador nos obliga a llevar estos casos hasta las \u00faltimas consecuencias penales y pol\u00edticas, pero nos topamos con una pared que prioriza la defensa partidista antes que los recursos de los quite\u00f1os\u00bb, manifestaron sectores cr\u00edticos dentro del cabildo.<\/p>\n
Por su parte, el alcalde Pabel Mu\u00f1oz y su bancada rechazan categ\u00f3ricamente las acusaciones. Durante la \u00faltima sesi\u00f3n del Concejo Metropolitano, el primer mandatario local asegur\u00f3 ser objeto de una \u00abjudicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica\u00bb, contabilizando un total de 687 acciones legales y administrativas en su contra desde que inici\u00f3 su gesti\u00f3n. Mu\u00f1oz aleg\u00f3 que la administraci\u00f3n mantiene una postura abierta con la Contralor\u00eda y la Fiscal\u00eda, pero denunci\u00f3 que los pedidos de los concejales de oposici\u00f3n responden a un intento de bloquear su participaci\u00f3n pol\u00edtica con miras a las pr\u00f3ximas elecciones seccionales.<\/p>\n
Mientras el cruce de reproches contin\u00faa dividiendo a la c\u00e1mara municipal, la Asamblea Nacional tambi\u00e9n ha empezado a poner la lupa sobre la ejecuci\u00f3n presupuestaria de la capital ecuatoriana. Esto anticipa que la batalla por la fiscalizaci\u00f3n de Quito se trasladar\u00e1 con fuerza a los tribunales y al debate legislativo nacional durante los pr\u00f3ximos meses. (I)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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