Con 85 votos, la Asamblea Nacional aprob\u00f3 el informe de fiscalizaci\u00f3n a Segura EP, relacionado con presuntas vulneraciones de los protocolos de seguridad y control de acceso a los sistemas de videovigilancia administrados por esta empresa p\u00fablica en Guayaquil.<\/p>\n
El informe fue conocido durante la sesi\u00f3n plenaria n.\u00b0 123 y recoge los principales hallazgos de la Comisi\u00f3n de Seguridad Integral, que investig\u00f3 la instalaci\u00f3n y funcionamiento de un punto de monitoreo o \u201csala espejo\u201d en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil, espec\u00edficamente en la Direcci\u00f3n de Aseo Cantonal.<\/p>\n
Uno de los documentos incorporados al expediente es una solicitud del 20 de noviembre de 2024 para instalar esta sala de monitoreo. El pedido se\u00f1alaba que se efectuaba para cumplir disposiciones emitidas desde la Presidencia de Segura EP.<\/p>\n
Sin embargo, la comisi\u00f3n no encontr\u00f3 una resoluci\u00f3n del directorio, una delegaci\u00f3n de competencias u otro documento que justificara la instalaci\u00f3n del punto de monitoreo ni la habilitaci\u00f3n de los accesos al sistema de videovigilancia.<\/p>\n
El informe tambi\u00e9n establece que \u00c1lex Anchundia, gerente general de Segura EP, no fue informado, consultado ni autoriz\u00f3 la instalaci\u00f3n del punto de monitoreo.<\/p>\n
A partir de estos hallazgos, la comisi\u00f3n concluy\u00f3 que existen elementos para investigar posibles responsabilidades administrativas, as\u00ed como indicios que podr\u00edan tener relevancia penal. Por ello, recomend\u00f3 que estos hechos sean puestos en conocimiento de la Fiscal\u00eda General del Estado, adem\u00e1s de las entidades competentes para determinar eventuales responsabilidades.<\/p>\n
Cuatro hechos se\u00f1alados por la comisi\u00f3n
\nLa presidenta de la Comisi\u00f3n de Seguridad Integral, In\u00e9s Alarc\u00f3n, resumi\u00f3 en cuatro los principales hechos identificados durante la fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n
El primero es la existencia de un correo electr\u00f3nico del 20 de noviembre de 2024, enviado desde la Presidencia de Segura EP, entonces a cargo de Fernando Cornejo, para solicitar la instalaci\u00f3n de una \u201csala espejo\u201d en el Municipio de Guayaquil, fuera del sistema integrado de Segura EP.<\/p>\n
El segundo corresponde a la instalaci\u00f3n de ese punto de monitoreo sin autorizaci\u00f3n del ECU911 y sin que se haya ejecutado un proceso de interoperabilidad, seg\u00fan el informe presentado ante el Pleno.<\/p>\n
El tercer hecho est\u00e1 relacionado con audios que, seg\u00fan Alarc\u00f3n, registrar\u00edan una reuni\u00f3n entre el expresidente Rafael Correa, el asamble\u00edsta Juan Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez (RC), el exteniente Ronny Rengel y Fernando Cornejo.<\/p>\n
De acuerdo con la presidenta de la comisi\u00f3n, en esa conversaci\u00f3n se habr\u00eda hablado sobre viviendas que deb\u00edan ser vigiladas y llamadas que deb\u00edan ser interceptadas. Alarc\u00f3n afirm\u00f3, adem\u00e1s, que la voz de Cornejo fue confirmada por el propio exfuncionario.<\/p>\n
El cuarto hecho se\u00f1alado por Alarc\u00f3n es la investigaci\u00f3n iniciada por la Fiscal\u00eda General del Estado en torno a Segura EP por una presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita. La legisladora sostuvo que, adem\u00e1s, existir\u00edan elementos que podr\u00edan configurar otros delitos, entre ellos tr\u00e1fico de influencias, peculado y acceso no consentido a informaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cSon hechos puntuales de este proceso de fiscalizaci\u00f3n que nos llevan a un solo resultado: salas clandestinas creadas para perseguir fines y objetivos pol\u00edticos\u201d, afirm\u00f3 Alarc\u00f3n.<\/p>\n
La legisladora sostuvo que el proceso permiti\u00f3 identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, cuya determinaci\u00f3n corresponder\u00e1 a las autoridades competentes. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 a la Fiscal\u00eda, Contralor\u00eda y ECU911 como las instituciones que deber\u00e1n adoptar las acciones correspondientes.<\/p>\n
Alarc\u00f3n pide revisar actuaci\u00f3n de Juan Gonz\u00e1lez
\nDurante su intervenci\u00f3n, Alarc\u00f3n tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se adopten medidas dentro de la Asamblea respecto de las actuaciones del legislador Juan Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez, a quien ubic\u00f3 entre los participantes de la reuni\u00f3n registrada en los audios.<\/p>\n
La presidenta de la comisi\u00f3n solicit\u00f3 al Consejo de Administraci\u00f3n Legislativa (CAL) que revise la actuaci\u00f3n del asamble\u00edsta y determine si corresponde adoptar medidas, al considerar que su participaci\u00f3n en la reuni\u00f3n estar\u00eda relacionada con el anuncio de utilizar una comisi\u00f3n legislativa para realizar un proceso de fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n
Alarc\u00f3n cuestion\u00f3, adem\u00e1s, los intereses a los que responder\u00eda el legislador y sostuvo que las comisiones de la Asamblea deben utilizarse para legislar y fiscalizar en funci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n
Gonz\u00e1lez reconoce que es su voz en el audio
\nDurante el debate en el Pleno, Juan Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez (RC) reconoci\u00f3 que la voz que aparece en la grabaci\u00f3n incluida en el informe es la suya.<\/p>\n
\u201cPor supuesto que es mi voz\u201d, afirm\u00f3 el legislador, quien defendi\u00f3 que su participaci\u00f3n correspond\u00eda al ejercicio de sus atribuciones como asamble\u00edsta.<\/p>\n
Gonz\u00e1lez sostuvo que lo se\u00f1alado en la conversaci\u00f3n se relacionaba con un acto de fiscalizaci\u00f3n dentro de sus competencias y cuestion\u00f3 las cr\u00edticas surgidas durante el debate.<\/p>\n
Debate divide a los asamble\u00edstas
\nLa aprobaci\u00f3n del informe gener\u00f3 posiciones enfrentadas dentro del Pleno.<\/p>\n
El asamble\u00edsta Alfredo Serrano (PSC) anunci\u00f3 que no respaldar\u00eda el documento. Argument\u00f3 que la Asamblea Nacional no tiene atribuciones para fiscalizar directamente a un municipio y defendi\u00f3 la autonom\u00eda pol\u00edtica de los gobiernos locales.<\/p>\n
Serrano sostuvo que las eventuales responsabilidades sobre la administraci\u00f3n de Segura EP deben ser determinadas por los organismos competentes, principalmente la Contralor\u00eda General del Estado y la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
En contraste, el asamble\u00edsta Sergio Pe\u00f1a, exintegrante de Revoluci\u00f3n Ciudadana y actualmente aliado de ADN, defendi\u00f3 la facultad de la Asamblea para investigar los hechos relacionados con Segura EP.<\/p>\n
Desde Revoluci\u00f3n Ciudadana, la expresidenta de la Asamblea Viviana Veloz cuestion\u00f3 el contenido pol\u00edtico del informe. Se\u00f1al\u00f3 que el Legislativo no deber\u00eda concentrarse en la creaci\u00f3n de \u201cfantasmas pol\u00edticos\u201d mientras existen otros asuntos que, a su criterio, requieren atenci\u00f3n, como el funcionamiento de las unidades especializadas para investigar el crimen organizado, la corrupci\u00f3n y el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
Veloz tambi\u00e9n sostuvo que la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, deber\u00eda comparecer ante el Pleno para rendir cuentas.<\/p>\n
Sobre el caso Segura EP, la legisladora afirm\u00f3 que las acusaciones planteadas durante el debate buscan generar una condena pol\u00edtica contra Rafael Correa y Aquiles Alvarez.<\/p>\n
(I)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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