El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) asegur\u00f3 este jueves que su Gobierno \u00abno intervino en nada\u00bb en el juicio local contra la petrolera Chevron que se inici\u00f3 tras denuncias de comunidades amaz\u00f3nicas, despu\u00e9s de que el oficialismo responsabilizara al corre\u00edsmo de la condena que obliga al Estado a pagar 220 millones de d\u00f3lares a la empresa.<\/p>\n
\u00abJAM\u00c1S el Estado fue \u2018codemandante\u2019 en el juicio contra Chevron-Texaco, y mi Gobierno no intervino en nada, como lo verific\u00f3 el propio tribunal de La Haya. Eso s\u00ed, SIEMPRE respaldamos a nuestras comunidades ind\u00edgenas y denunciamos la destrucci\u00f3n de la selva, y lo volver\u00edamos a hacer un mill\u00f3n de veces\u00bb, escribi\u00f3 Correa en su cuenta de la red social X.<\/p>\n
Los legisladores del partido oficialista de Ecuador, Acci\u00f3n Democr\u00e1tica Nacional (ADN), se\u00f1alaron el mi\u00e9rcoles que, durante la \u00e9poca en la que el corre\u00edsmo estaba en el poder, el Estado supuestamente \u00abintervino\u00bb en el juicio y presuntamente \u00abforjaron sentencias\u00bb, lo que llev\u00f3 a la condena internacional.<\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, pidieron que se trate en primer debate un proyecto de ley de repetici\u00f3n con la que buscan que el Estado pueda recuperar el dinero que debe pagarle a la petrolera y que este \u00absalga del bolsillo de los culpables y no del bolsillo de los ecuatorianos\u00bb.<\/p>\n
El caso se inici\u00f3 en 1993 a ra\u00edz de las denuncias interpuestas por comunidades ind\u00edgenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida por Chevron en 2001-, en la cuenca amaz\u00f3nica ecuatoriana entre 1964 y 1990.<\/p>\n
Una sentencia emitida en 2011 por una corte del municipio amaz\u00f3nico de Lago Agrio cifraba en 9.500 millones de d\u00f3lares la indemnizaci\u00f3n que deb\u00eda entregar la empresa a los afectados, pero Chevron recurri\u00f3 en instancias internacionales este fallo al alegar que fue obtenido \u00aba trav\u00e9s de fraude, sobornos y corrupci\u00f3n\u00bb. El tribunal arbitral de La Haya se pronunci\u00f3 a su favor en 2018.<\/p>\n
El procurador general del Estado (abogado del Estado), Juan Carlos Larrea, asegur\u00f3 este jueves que el pa\u00eds a\u00fan tiene tres meses para pedir una acci\u00f3n de anulaci\u00f3n ante la Justicia de Pa\u00edses Bajos, pero que de forma paralela el Gobierno debe decidir \u00abqu\u00e9 hacer con la obligaci\u00f3n de pago\u00bb.<\/p>\n
\u00abEl Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas tiene que decidir si la paga o si intenta plantear un acuerdo para un cronograma de pago\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 en una entrevista con el canal Teleamazonas.<\/p>\n
Larrea dijo que aunque lograr una anulaci\u00f3n es algo \u00abbastante complicado\u00bb, la Procuradur\u00eda ha tenido \u00abcasos relativamente exitosos de anulaciones parciales\u00bb, por lo que cree que deber\u00edan intentarlo. EFE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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